Caso Arbistar: procesados los responsables de la estafa con criptomonedas que afectó a cientos de gallegos
La Audiencia Nacional ha procesado a los siete presuntos responsables de la plataforma de criptomonedas Arbistar que entre mayo de 2019 y septiembre de 2020 habrían estafado más de 92 millones de euros a unos 32.000 inversores. Cientos de los afectados fueron ciudadanos gallegos, sobre todo jóvenes, de A Coruña y Vigo.
El juez José Luis Calama procesa en el auto a Santiago Fuentes Jover, a quien considera el líder de la trama, y a otras seis personas por delitos de organización criminal y de estafa. Además de ello, les impone el pago de una fianza solidaria que asciende a unos 132 millones.
Programas informáticos inexistentes
Según explica el magistrado, a través de la plataforma web Arbistar los procesados comercializaban el uso de programas automatizados de inversión conocidos como «Community Bot». Estos softwares utilizaban eslóganes como como «con este sistema siempre se gana» y «ganar es la única opción» para garantizar a los inversores unas ganancias entre un 8 % y un 15 % mensual, con el único requisito de que en dos meses no podrían retirar su dinero.
Este programa que, en teoría, utilizaba «inteligencia artificial» realmente «nunca existió», por lo que la sociedad «vendía humo» según explica el auto.
La plataforma captaba a clientes asegurando la obtención de una rentabilidad asegurada al haber desarrollado un robot que realiza automáticamente arbitraje con criptomonedas. De esta forma, el inversor, tras instalar este software en su ordenador, sólo debía esperar a recibir sus ganancias.
Estafa piramidal
Sin embargo la trama trama utilizó una parte del dinero obtenido para entregarlo a otros inversores anteriores en pago de los altos intereses convenidos, una clásica estructura de estafa piramidal, que se usaba también para atraer nuevos inversores.
Arbistar se mantenía por los flujos de tesorería que se recibían gracias al incremento de los contratos, ya fueran renovaciones de clientes fieles, ya nuevos inversores, de modo que el dinero de los inversores permitía saldar las deudas; no es que careciera de «racionalidad económica», prosigue el auto, «sino que el negocio no existía, era una mera simulación».
Unos 32.000 afectados
El juez Calama cuantifica en torno a los 32.000 el número de perjudicados, de los que han quedado individualizados cerca de 5.000. En cuanto a la cantidad defraudada el magistrado eleva la suma hasta los 92 millones; 55 de los perjudicados invirtieron más de 50.000 euros cada uno, y otros 17, 250.000.
«Con evidente ánimo de lucro, hicieron creer a las víctimas que tenían una estructura empresarial seria, capaz de generar unos fáciles y suculentos beneficios a todos los que confiaran en su fraudulento sistema basado en un «bot» de arbitraje automatizado, siendo dicho engaño la causa del desplazamiento patrimonial que hicieron todos y cada uno de sus inversores». En realidad, añade el magistrado, dicho sistema no era más que «un espejismo causado por la ceguera de la ganancia prometida».
Para el juez, el relato de hechos demuestra la existencia de un entramado criminal constituido en torno a la figura de Santiago Fuentes Jover, que lidera la organización, y de la que el resto de los procesados formaba parte ejecutando distintas tareas operativas.
El titular del juzgado central de instrucción nº 4 ha descartado procesar por estos hechos a cuatro investigados ante la falta de indicios de su participación en la operativa, que se mantienen como investigados por supuesto blanqueo de capitales en una pieza separada.
