Baltar consigue burlar de nuevo a la jueza por conducir a 215 kilómetro por hora
Segundo aplazamiento del juicio rápido contra el presidente de la diputación de Ourense, Manuel Baltar, por conducir un coche oficial a 215 kilómetros por hora. Tras la suspensión del proceso este martes por la incomparecencia del abogado del político, ha tenido que ser aplazado este jueves después de que la jueza recibiese un escrito del procurador del acusado en el que volvía a reclamar la suspensión de la vista señalada y manifestaba su voluntad de no comparecer este jueves.
Por tanto, el juicio rápido previsto no ha podido celebrarse, si bien, tras lo ocurrido, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Puebla de Sanabria (Zamora) volverá a efectuar un nuevo señalamiento, reservándose la posibilidad de imponer las sanciones que correspondan, según la información del Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
Un «despiste» al volante
El dirigente «popular» fue multado con 600 euros–300 por pronto pago– y le fueron retirados seis puntos del carné de conducir, si bien a la vía administrativa se suma ahora la penal al haber excedido, presuntamente, en 84 kilómetros el límite de la vía, tal y como establece el atestado de la Guardia Civil, que aplica un margen de error del 5 por ciento en este caso al haber sido ‘pillado’ Baltar en el coche oficial por un radar fijo.
Días después de lo ocurrido, Manuel Baltar, al frente de la Diputación ourensana desde 2012, pidió disculpas y lo atribuyó «un despiste acontecido en una larga recta de la A-52, sin referencias de ningún tipo» y aseguró ser la primera persona en lamentar las consecuencias de una situación dolorosa para él, «derivada de un error aislado pero que no es, desde luego, adecuada».
Hasta el momento su propio partido, a través de la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, ha evitado avanzar si le serán exigidas responsabilidades políticas en caso de resultar condenado por un delito contra la seguridad vial debido a su exceso de velocidad, y todo ello tras abogar por no adelantarse a «ninguna decisión judicial» y para evitar hacer «juicios paralelos».
