Consorcios, fundaciones, agencias… La ‘administración paralela’ de la Xunta cuesta 1.300 millones en un año
La Xunta maneja 114 entes instrumentales, nomenclatura que engloba a las fundaciones, agencias, consorcios y empresas públicas que dependen del Ejecutivo gallego aunque tienen una gestión teóricamente autónoma. En este grupo están el Igape o Xesgalicia, instrumentos relevantes en la inyección de fondos públicos para dar impulso a empresas; pero también otros que apenas tienen actividad o no rinden cuenta de ella. Así lo destaca el informe hecho público este viernes por el Consello de Contas, en el que señala que estos organismos manejaron unos recursos de 1.787,7 millones en el año 2021. De este importe, 1361,8 millones procedían de transferencias de la Xunta, que aportó, por tanto, el 76% de su financiación.
El elevado coste para el Gobierno gallego se debe a la baja capacidad para generar ingresos que tienen las agencias públicas, fundaciones y consorcios. Esto hace que sus presupuestos dependan prácticamente en su totalidad de la financiación pública que reciban. A esto se suma que algunos manejan un elevado volumen de recursos, como la CRTVG, la Axencia Galega de Servizos Sociais o la Axencia Galega de Infraestruturas, por poner algunos ejemplos. Según el informe de Contas, las agencias públicas, organismos autónomos, fundaciones y consorcios son los más dependientes económicamente de las partidas de la Xunta, mientras que las empresas y sociedades públicas tienen una mayor capacidad para autofinanciarse.
La organización de esta administración paralela es, en cierta forma, paradójica, pues por un lado gestiona un elevado presupuesto y gasto de manera descentralizada pero, por otro, sus ingresos están fuertemente centralizados. En las cuentas de la Xunta, concretamente.
De Retegal a Augas de Galicia
Contas explica que el nivel de generación de ingresos propios es prácticamente inexistente en el caso de los organismos autónomos, con excepción del Instituto Galego do Consumo e da Competencia, que obtienen el 39% de sus recursos de las multas y sanciones que impone. Algo similar sucede con las agencias públicas, «la forma jurídica con una mayor dependencia de las aportaciones de la Xunta».
En el lado opuesto se encuentran la entidades públicas empresariales y las sociedades públicas. En el primer grupo están Augas de Galicia y Portos de Galicia, mientras que el segundo engloba a Xesgalicia, Sogama, Galicia Calidade, Xestur o Galaria, entre otros. El análisis realizado por Contas destaca que Portos de Galicia consigue el 60% de sus ingresos de los servicios portuarios, mientras que Augas de Galicia alcanza el 81% de autonomía, «más alto que en el ejercicio de 2020 debido al fuerte crecimiento experimentado por el canon del agua».
En las sociedades públicas son Retegal, Spi, Tecnopole, Xesgalicia, Sogama y Xenética Fontao las que consiguen financiar la práctica totalidad de su actividad a partir de sus propios ingresos. «En el extremo contrario se encuentra la CRTVG, en la que la dependencia de la Administración autonómica es prácticamente total», destaca el organismo fiscalizador respecto a la corporación de medios públicos.
Contas cuestiona la utilidad de las fundaciones
El informe recoge 40 fundaciones públicas vinculadas a la Xunta. Contas cuestiona la utilidad de estas entidades ya que, señala, muestran una escasa capacidad para generar recursos externos. «Este hecho pone en cuestión la configuración de la mayor parte de estas entidades como fundaciones públicas, ya que esta forma jurídica debería ser empleada como un modelo que permita canalizar la participación y la financiación privada en actividades de interés general», señala el documento.
Las fundaciones públicas fueron también las entidades que más fallaron a la hora de transparentar sus números. Al menos 14 de ellas no rindieron cuentas en el ejercicio de 2021.
Incumplimientos en transparencia
Contas detecta que 22 entes instrumentales no presentaron sus cuentas en el ejercicio de 2021, expresando su especial preocupación por la Axencia Galega de Servizos Sociais debido al «volumen de recursos que gestiona» y la «relevancia de las políticas que desarrolla». Meisa, Parque Eólico de Sotavento, Fundación Sotavento, Aquae Querquennae-Via Nova y varias sociedades adscritas a las universidades — Sociedade para a Promoción de Iniciativas Empresariais, Fundación Centro de Estudos Eurorrexionais Galicia-Norte de Portugal y Fundación Dieta Atlántica– están también entre los incumplidores.
El grupo más nutrido, sin embargo, son las entidades dependientes o adscritas a la Xunta: Fundación para a Investigación, Desenvolvemento e Innovación Ramón Domínguez; Fundación Profesor Novoa Santos; Fundación Biomédica Galicia Sur; Fundación Museo do Mar de Galicia; Fundación Rosalía de Castro; Fundación Centro Tecnolóxico do Granito de Galicia; Fundación Galicia América y el Consorcio Agrupación Europea de Cooperación Territorial Galicia-Norte de Portugal.
