Telefónica e Indra acaparan más de un tercio de los contratos públicos en ciberseguridad

Telefónica e Indra muestran su poder. Dos de las principales compañías tecnológicas que operan en España siguen demostrando su fuerza, sobre todo, en materia de contratación pública. Ambas empresas se mantienen como las principales adjudicatarias en el ámbito de la ciberseguridad. 

Un segmento, por cierto, donde la administración pública no invierte todo lo necesario teniendo en cuenta su importancia. Así se puso de relieve, por ejemplo, en el reciente Foro Digital organizado por ECONOMÍA DIGITAL en este ámbito. 

En cuanto a las cifras más importantes del pasado ejecicio, según un reciente informe publicado por la plataforma y consultora AdjudicacionesTIC, en lo relativo a la situación de la ciberseguridad en 2022, destacan los 880 proyectos por valor de 227,93 millones de euros que las Administraciones Públicas han adjudicado a lo largo de 2022. 

En concreto, las inversiones públicas en ciberseguridad supusieron un 4,05 % del total de proyectos tecnológicos puestos en marcha durante el año pasado. Los adjudicatarios más importantes en 2022 fueron la UTE Telefónica-Indra, que ganó un contrato de 38,35 millones de euros; Telefónica, a quien se le adjudicaron 111 proyectos por valor de 35,09 millones de euros; y la UTE Telefónica-Inetum, con una inversión valorada en 16,85 millones de euros. 

Quiénes invierten en esta materia 

Por su parte, los organismos más activos durante 2022 fueron la Secretaría de Estado de Administración Digital (Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital), con 45,65 millones de euros repartidos en tres proyectos; la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, con tres adjudicaciones por un importe total de 23,58 millones de euros; y Aena, con un proyecto valorado en 22,54 millones de euros. 

«La ciberseguridad en las Administraciones Públicas españolas es un tema crítico debido a la cantidad de información sensible y confidencial que se maneja en estas entidades», afirma Carlos Canitrot, director de consultoría de AdjudicacionesTIC.  

Explica el experto en esta materia que «a pesar de las buenas cifras de inversión durante 2022, aún existen desafíos en materia de ciberseguridad en las Administraciones Públicas españolas, como la falta de inversión suficiente en tecnología de seguridad y la escasez de personal especializado en ciberseguridad. Por lo tanto, es fundamental continuar fortaleciendo la seguridad informática en las Administraciones Públicas para proteger la información confidencial y garantizar la confianza de los ciudadanos en el uso de los servicios públicos en línea».  

Los proyectos más importantes durante el período fueron el servicio de producción multimedia para la identificación y desarrollo de contenidos de sensibilización y divulgación en ciberseguridad para los públicos objetivos de Incibe, licitado por Incibe y adjudicado por importe de 6,75 millones de euros a NTT Data Spain. 

Después se sitúa el suministro de la actualización de infraestructuras de seguridad (plataforma de servicios de seguridad, plataforma de firma centralizada e infraestructura de PKI), licitado por GISS y adjudicado a la UTE SIA-GESEIN por 5,3 millones de euros; y la adquisición de productos software Microsoft para sistemas de mando y control y redes clasificadas del Ministerio de Defensa, que fue adjudicado a SCC tras una licitación de la Dirección General de Infraestructuras del Ministerio de Defensa por un valor de 4,6 millones de euros.