Reynés (Naturgy) advierte de las grandes trabas a las renovables: burocracia y contestación social

La apuesta por las energías renovables de todas las empresas del sector es una realidad, en parte por convencimiento pero también por las obligaciones regulatorias. Sin embargo, empresas como Naturgy advierten de que las mismas administraciones que alaban las renovables y condenan la energía producida con combustibles fósiles como el gas, luego son una traba a la implantación de fuentes limpias. Y también de otro fenómeno más novedoso: la oposición ciudadana.

Francisco Reynés, presidente de Naturgy, aseguró este viernes en un acto en Barcelona que “el gran cuello de botella para invertir en renovables se llama permisos, por parte de todas las administraciones, y una cierta contestación social que va en aumento”. En la primera no ahondó, si bien la burocracia y la lentitud de la misma sigue siendo una de las principales quejas de las empresas de todos los sectores a la hora de emprender proyectos, especialmente aquellos que requieren la participación del sector público.

Respecto a la segunda, explicó que “nadie quiere en su casa” algunas instalaciones, como los parques eólicos, pese a estar, teóricamente, a favor de los mismos. Eso pasa, por ejemplo, en Galicia –la ultrapremiada película As bestas lo atestigua– o en Cataluña, donde movimientos antieólica tratan de frenar el parque eólico marino frente a la Costa Brava. L’Empordà, de hecho, una de las zonas de más viento de España, no genera energía eólica por la oposición de movimientos que unen a empresarios turísticos, ecologistas y también agrupaciones vecinales.

Naturgy está empezando en la eólica marina, después de llegar a un acuerdo con Equinor, y tiene un proyecto pero muy lejos de Cataluña: en aguas de las Islas Canarias. Reynés valoró esta fuente como muy interesante, porque se necesita más producción renovable y mayor variedad, pero añadió que para aguas profundas, la tecnología aun no es suficientemente madura.

El presidente de la energética catalana fue algo crítico con el afán por electrificar la economía: “La electrificación tiene sus limites, hay industrias que no pueden, la electricidad no puede poner un horno a 1.800 grados”, explicó, y añadió que para que todos los hogares de España que tienen caldera de gas usen electricidad para la calefacción y calentar el agua, habría que invertir 100.000 millones de euros en cambiar las instalaciones. “Además, habría que producir mucha más electricidad, para lo que se necesitaría gas”, apostilló.

Respecto al abastecimiento de gas, que tras la invasión rusa de Ucrania entró en tensión y se disparó el precio, subrayó que “tenemos seguridad del gas en Europa y no vamos a sufrir problemas de suministro en 2022”. Sin embargo, también remarcó que “no han desaparecido amenazas” y destacó tres: el precio de la energía, “que puede tensarse en el tercer trimestre”; la demanda puede verse afectada por los tipos de interés y los costes energéticos, y la subida de la demanda por parte de China.