Los 500 millones del PERTE agro que no verán las pymes: la industria pide rebajar requisitos

Con retraso, pero llegó. El Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) del sector agroalimentario ha abierto la ventana este lunes para que las agrupaciones empresariales interesadas solicitan acceso al primer paquete de ayudas. Su objetivo es desembolsar subvenciones y prestamos al 0% por un valor de 510 millones de euros para fortalecer la industria y encaminarla hacia la descarbonización.

Tras el fiasco del proyecto estratégico para impulsar la industria del coche eléctrico en España, cuya primera convocatoria acabo con menos del 30% del presupuesto sin asignar, el Ministerio de Industria se ha puesto las pilas para flexibilizar las futuras convocatorias de ayudas y conseguir una transformación económica real. Sin embargo, parece ser que tendrá que hacer un esfuerzo mayor para satisfacer las necesidades de la industria alimentaria y de las bebidas: aún creen que las bases de la convocatoria de su Perte son demasiado rígidas.

La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) considera necesario “simplificar los procedimientos para acceder a los fondos y las cantidades mínimas de presupuesto financiable de cada uno de los proyectos a los que las compañías se pueden presentar”, según informan fuentes de la organización empresarial consultadas por este medio. Estas son algunas de las “áreas de mejora” que la patronal que agrupa la gran mayoría del sector alimentario trasladó este martes en una reunión con Jordi Carbonell, recientemente nombrado comisionado especial para el Perte agro.

Para los empresarios del sector, el quid de la cuestión recae en el hecho que más del 90% de las compañías alimentarias son pequeñas y medianas empresas, por lo que se prevé que los proyectos que presenten sean de menor envergadura. Un presupuesto financiable mínimo más bajo atraería iniciativas más pequeñas, pero a un mayor número de empresas, lo que podría afrontar una “transformación real en el campo de la competitividad, la sostenibilidad y la trazabilidad y seguridad alimentaria”, los tres ejes de la convocatoria.

“Creemos que este Perte confirma el carácter estratégico de la industria alimentaria y del conjunto de la cadena alimentaria en la economía española y ahora es imprescindible que los fondos de los que se ha dotado al Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del sector lleguen a las empresas del sector”, reivindican desde la patronal presidida por Ignacio Silva, CEO de la aceitera Deoleo.

De 15 a 10 millones

A finales de diciembre, el Gobierno ya modificó algunos de los artículos de las bases de esta línea de ayudas para flexibilizarlas y, justamente, rebajó el presupuesto financiable de los proyectos tractores. El ministerio de Industria lo disminuyó de los 15 millones de euros a los 10 millones. Para los planes primarios, cada iniciativa incluida dentro de los grupos empresariales que se presentan conjuntamente, el presupuesto mínimo es de 100.000 euros, salvo aquellos que únicamente se encuadren en las actuaciones de sostenibilidad y trazabilidad y seguridad alimentaria, para los que no hay mínimo.

Otros de los cambios van enfocados, precisamente, a facilitar el acceso de las ayudas a las pymes. La cartera liderada por Reyes Maroto también bajó el número de empresas a incluirse en las solicitudes para facilitar la formación de consorcios, de forma que las agrupaciones tendrán que estar formadas, como mínimo, por cuatro empresas, de las cuales una deberá ser una gran compañía y tres pymes. Anteriormente, las agrupaciones tenían que ser de mínimo seis compañías, con dos grandes y cuatro pymes, por lo menos.

La modificación de las bases de la línea de ayudas al sector agroalimentario también contempla extender el plazo de ejecución más allá del 30 de junio de 2025, la fecha establecida, siempre y cuando este justificado y si así lo admita la Comisión Europea. Al fin y al cabo, los recursos económicos destinados a ejecutar los Perte provienen de los fondos Next Generation de la Unión Europea y es quien marca las líneas generales de actuación.

Los consorcios de empresas alimentarias que quieran beneficiarse de estas ayudas tienen hasta el 28 de febrero para presentar sus proyectos. Si todo avanza como está estipulado, en marzo de 2023 empezará la fase de subsanación, en mayo se publicará la resolución provisional, en verano la propuesta de resolución definitiva, a partir de la cual las empresas tendrán que trasladar a Industria si aceptan las ayudas, antes de la publicación de la resolución definitiva que llegará en otoño.

La previsión es que este proyecto estratégico genere un impacto en la economía de 3.000 millones y una creación neta de 16.000 empleos. Está dotado con una línea de ayudas de 1.112 millones de euros y se estructura en tres ejes, para los que se establecerán tres convocatorias. La primera son estos 510 millones destinados a movilizar la industria; la segunda servirá para apoyar el proceso de adaptación digital de toda la cadena de valor con 454,35 millones y la tercera son un conjunto de actuaciones específicas de apoyo a la innovación y la investigación, cuya dotación es de 148,56 millones de euros.

La rebaja del IVA

En paralelo, la patronal alimentaria se ha reunido este miércoles con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, para abordar las prioridades y retos del sector. Entre los temas tratados, la federación ha recordado a Planas “la importancia de aumentar el número de productos a los que se rebaje el IVA”, además de la necesidad de implementar medidas de ayuda a las empresas en materia energética, entre otras cuestiones.

En este sentido, el sector lleva desde que se aprobó bajar el IVA de los alimentos básicos pidiendo que se incluyan los tipos que graban la carne y el pescado. La semana pasada, un informe de Fedea alertaba de la posible sustitución de alimentos: «Puede tener un elevado coste de eficiencia, ya que, al abaratar el precio de determinados bienes y servicios, encarece relativamente el precio de otros no beneficiados por la rebaja, lo que puede modificar los comportamientos de los consumidores (y de los productores), haciendo variar las cantidades demandadas de bienes y servicios de acuerdo con sus preferencias a la hora de componer la cesta de consumo», exponía el texto.