El recurso de la banca contra el impuesto: alegará que ataca a los ingresos y atenta contra la competencia

Las patronales bancarias han dado el primer paso para recurrir el impuesto a la banca. La AEB y la CECA han presentado un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la orden ministerial que recoge los detalles del impuesto temporal a la banca. Con este movimiento se agrupa la queja común de la banca ante este gravamen que han criticado duramente desde que el Gobierno anunció su puesta en marcha. Esta vía no elimina la posibilidad de los recursos de las entidades, aunque les da margen de maniobra antes de tomar una decisión individual.

Una vez presentado, lo previsible es que la Audiencia Nacional admita a trámite el recurso, según apuntan fuentes judiciales, lo que pondría en marcha la maquinaria judicial que conlleva la petición de prueba a la otra parte, en este caso el Ministerio de Hacienda. 

A partir de ahí, los plazos dependerán del desarrollo del proceso, donde, incluso, podría haber una consulta al Tribunal de Justicia Europeo o al Constitucional en función de por donde se desarrolle el recurso de las patronales. Lo que sí está claro es que los bancos tendrán que pagar porque en el recurso de las patronales no se piden medidas cautelares para suspender el pago del impuesto. En este sentido, los principales directivos del sector han reiterado en diversas ocasiones que pagarán el tributo.  

Entre los argumentos que están sobre la mesa, aunque todavía no están concretados en los recursos de las patronales, fuentes financieras señalan a los que se han ido barajando en los últimos meses. Entre ellos, la propia construcción del impuesto, que aunque se supone que se ha puesto en marcha para gravar los beneficios «extraordinarios» de la banca lo que grava son los ingresos.

A esto puede sumarse, una posible distorsión de la competencia, dado que el gravamen solo afecta a aquellas entidades que haya ingresado más de 800 millones de euros en 2019. Todo en un contexto de una posible inconstitucional del gravamen, según han perfilado ya algunos juristas.

Este movimiento realizado por la AEB, bajo la que se engloban los grandes bancos como Santander, BBVA, Sabadell y Bankinter, y CECA, la patronal de entidades como Caixabank y Unicaja, no cierra las puertas a que los propios bancos realicen sus propios recursos al impuesto, que en su caso al ser sujeto pasivo del gravamen podría ir por la misma vía de las patronales, pero también contra la autoliquidación del impuesto. 

Los bancos tienen como fecha límite el 20 de febrero para pagar la primera parte de este impuesto, según se establece en la orden ministerial que lo desarrolla. Una vez abonado, las entidades podrían recurrir su pago y poner en marcha este procedimiento. En este caso, los bancos tendrían que recurrir a Hacienda tras pagar el impuesto en un proceso que se puede alargar hasta 18 meses, tras lo cual el caso acabaría también en la Audiencia Nacional. 

Solamente en el caso de Bankinter, su consejera delegada María Dolores Dancausa, ha afirmado claramente que recurrirán el impuesto una vez pagado. El resto de las entidades han asegurado que se encuentran en estudio del mismo. Aunque quizá el movimiento realizado por las patronales pueda disuadir a algún banco de dar un paso por si mismo.  

Beneficios millonarios de los bancos

El momento también es delicado para que las entidades se posiciones contra el pago de un impuesto, dado que llega después de unos beneficios abultados, que, aunque las entidades han defendido que se producen por una “normalización” de tipos de interés tras varios años les ha valido de fuertes críticas por una parte del Gobierno.  

«Es muy adecuado y los beneficios anunciados por la banca dejan claro que tienen margen suficiente como para pagarlo sin repercutirlo en sus clientes. Cuando vemos los sueldos y los bonus, razón de más», dijo Nadia Calviño, vicepresidente primera y ministra de Economía, tras conocerse los últimos resultados de la banca.

El Gobierno puso en marcha este gravamen con el objetivo, según explicaba el propio Ejecutivo, de que las entidades pagaran por sus beneficios extraordinarios por la subida de los tipos de interés. En su articulado final estableció que las entidades pagaran el 4,8% del margen de intereses y las comisiones.

De esta forma, la gran banca española -Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja- pagará alrededor de 1.100 millones de euros este año por el nuevo impuesto.

Entre las entidades, Caixabank será la entidad a la que más afecte el impuesto con un pago de alrededor de 400 millones de euros. Por su parte, Santander y BBVA le seguirían con unas cifras de alrededor de 225 millones de euros. Mientras que Sabadell estima que el pago sea de unos 170 millones de euros y Bankinter apunta a una horquilla de entre 80 y 100 millones de euros. Unicaja no ha dado estimaciones de la cifra del impuesto, aunque según los cálculos con las cifras presentadas podría estar alrededor de los 75 millones de euros.