Más allá del independentismo: por qué Cataluña pierde atractivo económico frente a Madrid

CaixaBank, Sabadell, Cellnex, Abertis, Colonial… Durante las semanas anteriores y posteriores al referéndum del 1 de octubre y el apogeo del procés independentista, miles de grandes y pequeñas empresas trasladaron su sede social o fiscal de Cataluña a otras comunidades autónomas para curarse en salud frente a las consecuencias que podría tener sobre sus negocios una supuesta declaración efectiva de la independencia.

Cinco años más tarde, el Gobierno considera que las circunstancias que motivaron estos traslados “ya no existen”, por lo que estas compañías podrían “valorar” dar marcha atrás y recuperar sus sedes en Barcelona u otras ciudades catalanas, según apuntó este fin de semana la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez. Sin embargo, muchas de estas empresas han encontrado un entorno político más estable en Madrid u otras ciudades, además de una fiscalidad que juega a su favor, por lo que, por ahora, una vuelta a Cataluña sería, como mínimo, improbable.

“Las empresas se fueron de Cataluña, por motivos políticos, no fiscales, pero ahora tienen más motivos para no volver”, apunta Tomás Lamarca, socio del departamento fiscal de Net Craman Abogados. En este sentido, el impuesto de patrimonio siempre se ha puesto como ejemplo del grado de presión fiscal sobre los propietarios de grandes empresas en Cataluña: grava los patrimonios de más de 167.129 euros, en un impuesto autonómico que está bonificado en un 100% en la Comunidad de Madrid, por lo que grandes empresarios catalanes asentados en la capital podrían no ver motivos económicos para volver a Barcelona.

Según los datos de la Agencia Tributaria de 2020, los más recientes disponibles, ese año en Cataluña lo pagaron 80.155 contribuyentes y supuso una recaptación de 546,6 millones de euros. En todo el país, lo abonaron 189.613 personas y aportó 1.203 millones a las arcas públicas, por lo que el 42% de los contribuyentes fueron catalanes, con el 44% de la recaudación. Ahora mismo, este tributo choca con el impuesto estatal a las grandes fortunas promovido por el Gobierno, recurrido al Tribunal Constitucional por la Asamblea de Madrid y la Junta de Andalucía, que grava los patrimonios de más de 3 millones de euros.

Empresas familiares y el impuesto de donaciones

En el caso de las compañías más pequeñas, sobre todo las familiares, pueden encontrar también en comunidades como Madrid un entorno más amable por la regulación del impuesto de donaciones y sucesiones. Mientras que en Cataluña se bonifica en un 95% del tributo a las donaciones en el traspaso de empresas de padres a hijos, el descuento en la región encabezada por Isabel Díaz Ayuso alcanza el 99%. Por último, la Generalitat es partidaria de impulsar más impuestos ambientales, como el recientemente aprobado impuesto a las emisiones portuarias de los grandes barcos.

Más allá de la política fiscal, el abogado no comparte la opinión de la ministra y asegura que ni en la comunidad ni en su capital hay “solidez política”. De hecho, la semana pasada el president de la Generalitat Pere Aragonès anunció que antes de 2024 quiere finalizar un informe y el debate social que deberían de desembocar en un referéndum acordado. “Es la misma canción de siempre, al empresariado no le interesa. No ayudará en nada”, matiza Lamarca.

Mientras, el PSC empieza a maniobrar junto al Gobierno para impulsar un plan económico que incentive la vuelta de empresas a la capital catalana, según publica El Confidencial. Su candidato a las elecciones municipales del mes que viene, Jaume Collboni, prevé impulsar bonificaciones en el IBI y el IAE para fomentar su recuperación. Sin embargo, el fiscalista no lo considera una medida efectiva: “Son impuestos que tienen poco impacto en las empresas”, afirma mientras cuestiona la reacción que puedan tener las compañías locales si solo se beneficia a las que regresen. Además, recuerda que el IBI es una de las principales fuentes de recaudación de los municipios, por lo que podría ser contraproducente para las arcas municipales.

Frente a todo esto, el abogado considera “complicado” un traslado de nuevo de las a Barcelona: “Una vez toman la decisión, es complicado que vuelvan y, si lo hacen, será de forma muy lenta. Al final, acabará dependiendo más de los vínculos con clientes y proveedores que puedan seguir teniendo en Cataluña”.