Ofensiva judicial de 500 exempleados contra Naturgy por el recorte de la luz casi gratis

Más de 500 exempleados de Naturgy, la gran mayoría jubilados, ultiman la presentación de sendas demandas contra la energética, que empezarán a formalizarse antes de final de mes en los juzgados de lo social de Madrid, por el recorte en la bonificación que tienen en la tarifa de la luz, según han explicado fuentes de la asociación Ex-Personal de Naturgy, que son optimistas después del éxito de los jubilados de Endesa ante el Tribunal Supremo. 

El conflicto tiene el origen en la aprobación del actual convenio colectivo de la compañía que preside Francisco Reynés, firmado el 14 de octubre de 2022 y que entró en vigor el 1 de enero de este año. Uno de los problemas del convenio es que sólo votaron a favor del mismo los sindicatos que representan al 58,8% de la plantilla y uno de los que no lo apoyó, la USO, es el mayoritario en la empresa. Eso ya podía anunciar conflictividad, pero los que han levantado la mano son los jubilados y exempleados. 

El motivo es que el convenio reduce el consumo de electricidad máximo que tienen a coste prácticamente cero tanto empleados como exempleados. Hay que decir que no todos tienen lo mismo: Naturgy venía de dos grandes compañías después de que Gas Natural comprara Unión Fenosa en 2008. Entonces, el grupo respetó las bonificaciones de los trabajadores de ambas empresas, que en los primeros afectaban sobre todo a gas y, en los segundos, a luz. 

La rebaja afecta solo a los que provienen de Unión Fenosa, y ese es uno de los motivos de las demandas, pues sienten que les están discriminando. Hasta el año pasado, podían consumir 30.000 kWh al año, entre dos residencias, a un precio de 0,0006 euros el kWh. Ese precio supone más de 200 veces menos que el precio de mercado de este jueves, que rondaba los 0,13 €/kWh. Es decir que es prácticamente gratis, si bien el IVA, que actualmente es del 5%, lo pagan sobre ese precio de mercado. 

La reducción del máximo a precio bonificado es hasta 25.000 kWh, un recorte aparentemente pequeño, pero que las fuentes de la asociación que está canalizando las demandas consideran importante, pues aseguran que un 5% de los empleados y exempleados ya excedía los 30.000 y estiman que el porcentaje subirá sensiblemente. Explican, además, que este colectivo tiene todo eléctrico en sus casas, incluida la calefacción, por lo que sus consumos de la luz son muy superiores a la media, que según Redeia, es de 3.200 kWh anuales. 

Los motivos que llevan a este medio millar de jubilados de Naturgy a presentar las demandas son la discriminación que aseguran sufrir y el hecho de que el recorte venga de una medida que ellos no deciden y sobre la que no han podido opinar, como es el convenio colectivo. Al ser exempleados, aunque mantienen algunos beneficios, no tienen ya ni voz ni voto en la negociación colectiva en la empresa. 

Respecto a la discriminación, consideran que es doble. Por un lado, porque solo afecta a los empleados y exempleados de Unión Fenosa y no a los que provenían de Gas Natural, que mantienen su tope de gas. Pero también con respecto a los afectados activos, que pueden gozar de alguna compensación, como ayudas para instalar placas solares, a los que los pensionistas no tienen acceso. 

Los demandantes creen que esta discriminación ha sido posible porque el colectivo afectado dentro de la propia compañía es mínimo, unas 700 personas, ya que tras varios procesos de salidas incentivadas, prejubilaciones y EREs, apenas quedan ya trabajadores provenientes de Unión Fenosa. Sin embargo, los afectados totales, si se suman los exempleados, son cerca de 8.000, aseguran desde la asociación. 

500 denuncias para empezar, pero habrá más

Ex-Personal Naturgy ha canalizado estas más de 500 denuncias a través de Navarro & Asociados, despacho de abogados que también llevó a parte de los pensionistas que demandaron a Endesa por motivos similares. La previsión es presentarlas este mes aunque pueda que no dé tiempo a que lo hagan todas, pues se siguen sumando afectados a la causa.

Los demandantes pedirán a los jueces que se restablezca el máximo que tenían hasta el año pasado, de 30.000 kWh anuales, y prevén ser muchos más pues en algunas zonas de España donde Unión Fenosa tenía más presencia, especialmente en el norte, se están canalizando denuncias por otras vías.