Conpymes denuncia la asignación «a dedo» de subvenciones a CEOE y Cepyme por parte de Educación
La confederación defiende que se necesitan "mecanismos transparentes que garanticen el acceso en igualdad de condiciones de todas las organizaciones"
Conpymes denuncia la asignación «a dedo» de subvenciones a CEOE y Cepyme. La asamblea extraordinaria de la confederación empresarial celebrada ayer acordó interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra un Real Decreto del Gobierno aprobado a finales del pasado mes de diciembre en el que se realiza una «asignación directa» de subvenciones por importe de 30,6 millones de euros a ambas patronales, así como al sindicato UGT.
Este decreto regula la concesión de ayudas a interlocutores sociales para la digitalización del sector productivo a partir de fondos europeos Next Generation. La Confederación valora como una “cacicada” que el Gobierno haya aprobado un decreto, promovido por Ministerio de Educación y Formación Profesional, donde, a su parecer, se utilizan «argumentos para tratar de justificar la concesión nominativa de estas ayudas a solo dos organizaciones empresariales, siendo perfectamente conocedor de que solo podrían utilizarse si se hubieran desarrollado los mecanismos que garanticen el acceso a esa colaboración a todas las organizaciones que puedan acreditar su representatividad».
José María Torres, presidente de la organización, considera que “debe llevarse a cabo con mecanismos transparentes que garanticen el acceso en igualdad de condiciones de todas las organizaciones, máxime cuando el Ministerio de Trabajo y Economía Social reconoció la inexistencia de un sistema de acreditación de la representatividad empresarial al no existir desarrollo reglamentario. Cosa distinta es la que sucede con las organizaciones sindicales, que sí que gozan de mecanismos transparentes y regulados de reconocimiento de su representatividad”.
Por este motivo, Conpymes opina que el ejecutivo del PSOE y Podemos no puede actuar «de una forma un día», reconociendo que no existe sistema para medir y determinar el grado de representatividad empresarial, y después, «reconocer una pseudo-representatividad a algunas organizaciones que a la postre gozan de una menor implantación». Por ello, la confederación de las pequeñas y medianas empresas defiende que se trata da unas importantes asignaciones de dinero «que deberían llegar en igualdad de condiciones a todas las empresas españolas».
