CEOE se suma al discurso de Iberdrola: los contratos eléctricos a largo plazo deben ser la prioridad

Esta semana, en Luxemburgo, se decidía gran parte del futuro energético de la Unión Europea. O, al menos, se intentan sentar las bases en el Consejo de ministros de energía para su posterior debate en el Parlamento Europeo. Sobre la mesa, entre los grandes temas, el tipo de contratación de la energía. Las posturas están divididas entre quienes apuestan por los contratos a largo plazo (PPA) o los contratos por diferencia (CfD). 

En la actual reforma del mercado eléctrico habría hueco para todos, pero cada uno entiende que la utilidad es distinta. En la propuesta española impulsada por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, los CfD serían grandes protagonistas. Se trata de una especie de subasta pública, con un precio marcado por la administración, sobre la que tienen que negociar las partes. Luego, una vez se compra la energía, se compensa a cada una de las partes, comprador o vendedor.

Pero esta fórmula, aplicada a las renovables, ha sido algo que no ha gustado en a casi nadie. En este barco, por ejemplo, se ha movido desde hace meses Iberdrola. Tal y como publicó ECONOMÍA DIGITAL, el propio presidente de la energética, Ignacio Sánchez Galán, era muy claro: «A los consumidores se les debe ofrecer cada vez más contratos a largo plazo para protegerse de la volatilidad y mejorar los precios competitivos. Y esa es la clave: promover los PPA». 

Esta afirmación no es solo válida para los consumidores. Esa protección contra la volatilidad también es buena para las empresas. Pueden poner en el mercado contratos a 10 años con unos ingresos garantizados y, de esta manera, dotarse de la liquidez de energía necesaria para atender a su demanda. Y ahora no están solos. 

CEOE sube al barco de Iberdrola 

El último en dejar clara su postura, y que se alinea con los intereses de Iberdrola y las grandes energéticas, ha sido el Instituto de Estudios Económicos. El organismo ligado a la patronal CEOE ha señalado en un reciente informe sobre el sector eléctrico español que la contratación a plazo debe cobrar mayor protagonismo; pero no debe basarse en la intervención pública, sino en garantizar que los consumidores aversos al riesgo que sí reclaman cobertura no encuentren obstáculos en el mercado. 

Desde el IEE señalan que si bien la falta de liquidez en el mercado a plazo en España responde, claramente, a factores regulatorios (como la existencia de una tarifa regulada vinculada al precio horario del mercado mayorista o un sistema de primas a las renovables que les da cobertura frente a la variación de los precios), es positivo que la contratación a plazo de electricidad cobre mayor protagonismo en nuestro país.  

Pero ese mayor protagonismo, sostienen, no debe basarse en la intervención pública orientada a dar cobertura a quien no la demanda, sino en garantizar que los consumidores aversos al riesgo que sí reclaman cobertura no encuentren obstáculos en el mercado, como los asociados al riesgo de contraparte. 

En este sentido, son muy tajantes al asegurar que «la promoción de contratos bilaterales del tipo PPA garantiza que solo se promueven tecnologías rentables y que las coberturas llegan a ambos lados del mercado: generador y consumidor/comercializador». 

Por el contrario, estiman que los contratos por diferencias (CfD) firmados entre generadores y la autoridad regulatoria trasladan los ingresos o costes de la liquidación al conjunto de todos los consumidores, con independencia de su aversión al riesgo y, por tanto, con independencia de sus preferencias acerca de la forma de contratación que más se ajusta a sus necesidades. Este tipo de contratación drena de facto la oferta de cobertura de riesgo de precio en el mercado, encarece el valor de las primas y perjudica a los consumidores que realmente desean cobertura.  

En consecuencia, insisten, el modelo debe permitir que las partes que voluntariamente así lo decidan puedan realizar contratación PPA en la que ambas partes firmantes buscan cobertura. 

¿Y qué pasa con los riesgos? 

Para compañías como Iberdrola, pese a su posicionamiento a favor de los PPA, asumen que existe un riesgo. Desde el ‘think tank’ de CEOE aseguran que si, como parece ocurrir en el caso de España, uno de los principales obstáculos al desarrollo de los contratos bilaterales del tipo PPA entre centrales renovables de nueva construcción y consumidores industriales es la existencia de un riesgo de contraparte ante un posible incumplimiento por parte del comprador de la energía, ello no justifica que sea el sistema de liquidaciones quien actúe como contraparte de los contratos. 

Desde el IEE creen que la forma de resolver este problema con la menor distorsión posible consiste en fomentar el desarrollo de contratos de aseguramiento de riesgo de contraparte entre las empresas productoras de energía y una empresa aseguradora que actúe por cuenta del Estado.  

De hecho, sostienen que este tipo de aseguramiento ya existe en España y lo gestiona la empresa pública CESCE a través del denominado Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electro-intensivas (FERGEI), que está dotado con 200 M€ anuales desde los Presupuestos Generales del Estado, para cubrir como máximo 600 M€ de inversión en instalaciones renovables durante tres años.