Caixabank pagó 276 millones por contingencias legales en 2022
El banco está a la espera de que se resuelvan conflictos judiciales como los de las revolving o algunos relacionados con la salida a bolsa de Bankia
La litigiosidad de la banca va in crescendo. Varias entidades lo han alertado. El incremento de las leyes y actuaciones que protegen a los clientes se ha hecho notar en los bancos, que están o bien provisionando más para cuestiones legales, como BBVA, o directamente están gastando más. Es el caso de Caixabank, que lleva dos años incrementando su factura legal.
El banco que preside José Ignacio Goirigolzarri pagó 276 millones de euros el año pasado para resolver contingencias legales, según aparece en su informe financiero anual. En concreto, en el apartado de provisiones –aquello que una empresa reserva ante previsibles contratiempos–, si bien redujo en 120 millones las destinadas a posibles cuestiones judiciales, hasta los 654 millones, sí refleja que en 2022 fue cuando más se tuvo que echar mano a las mismas.
La cantidad de provisiones usadas para pagar por inclemencias de tipo legal escaló un 30%, desde los 212 hasta los 276 millones. Si se compara con 2022, la cifra casi se duplica en dos años. El gran uso de las provisiones de Caixabank el año pasado, fue, sin embargo, las retribuciones a los empleados a largo plazo, con 595 millones.
La cifra de las provisiones usadas para procesos judiciales podría seguir aumentando este año. El banco que dirige Gonzalo Gortázar ha guardado 654 millones, cantidad que suele ser para el peor de los escenarios –nunca se usan todas las provisiones–. Su objetico es cubrir “demandas por productos bancarios, financieros y de inversión, responsabilidades por la transmisión de bienes y derechos, precio excesivo y anormal de los tipos de interés, derecho al honor o declaraciones de responsabilidad civil subsidiaria por eventuales conductas del personal”.
Pero además, también para procesos en curso, y los detalla. Es el caso de las tarjetas revolving, La sentencia del Supremo de marzo de 2020 tuvo como consecuencia reclamaciones que aun son objeto de recursos, aunque Caixabank considera remoto que tenga que pagar por el caso y descarta que dañe significativamente sus cuentas.
Para los primeros meses de año esperaba la resolución del conflicto de los bonos Sareb, aunque lo considera resuelto. Para mediados, la resolución del arbitraje con Coral Homes, que se quedó Servihabitat y activos inmobiliarios pero que reclamó para deshacerse de algunos de los activos y pedir daños. “En caso de resolución desfavorable de dicho arbitraje, no se espera que se produzca un impacto patrimonial significativo no contemplado”, asegura la entidad.
Respecto a la salida a bolsa de Bankia, aun hay procedimiento abiertos, como la demanda colectiva presentada por Adicae. Caixabank ve más probable tener que desembolsar provisiones por este caso, pues ha habido sentencias en las dos direcciones. También presentó denuncia UPyD, pero el banco considera prácticamente resuelta esta contingencia.
Caixabank aun hereda algún conflicto judicial de todo el proceso de fusiones bancarias que arrancó en la crisis de 2008. En concreto, una querella de una asociación de pequeños accionistas de Banco de Valencia contra el consejo de administración de la entidad. Como el caso aun está pendiente de juicio oral, el banco asegura que “su resultado final es incierto”.
La entidad no ha provisionada nada, en cambio, para el caso del IRPH, al considerarlo resuelto, ni a los dos litigios con Mapfre por el fin del contrato de bancaseguros entre Mapfre y Bankia, al entender que va a imponerse en ambos y no tendrá que pagar.
