Bancos y reguladores cargan contra la autoridad del cliente financiero: «Hay aspectos muy preocupantes»

La nueva autoridad de defensa del cliente financiero continúa su camino parlamentario para ser aprobada. Este nuevo organismo, que tiene como objetivo aglutinar todas las reclamaciones relacionadas con el sistema financiero desde productos bancarios hasta de valores, sustituiría en parte a la labor que están haciendo ahora el Banco de España, la CNMV o la dirección general de seguros y fondos de pensiones. Su arranque, que se ha ido retrasando conforme avanzaba la legislatura, no está exento de críticas. Tanto la patronal bancaria AEB, como los organismos supervisores consideran que puede aumentar el número de conflictos y además, piden revisar su forma de financiación.  

“Hay dos aspectos de la tasa que son especialmente preocupantes: la cuantía y que solo la pague la entidad”, aseguró el secretario de general de la Asociación Española de Banca (AEB), Javier Rodríguez Pellitero, en su comparecencia en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso para debatir sobre este proyecto de ley. El representante de los bancos apuntó que esto no tiene ningún sentido y que puede estar en contra de la Constitución.  

“El proyecto de ley establece un sistema de financiación de la Autoridad basado fundamentalmente en una tasa aportada desde el propio sector financiero. La tasa se fija en un importe de 250 euros y se devenga por la mera tramitación de las reclamaciones, con independencia del sentido en el que finalmente se pronuncie la agencia”, explicó Pablo Hernández de Cos, gobernador de Banco de España, en su intervención en la misma comisión.  

Este tipo de financiación busca que las entidades resuelvan las reclamaciones de sus clientes de forma amistosa, antes de que estos acudan a la autoridad. Sin embargo, Hernández de Cos, considera que esta cuota podría «provocar que cualquier disputa por un importe inferior a la cantidad de la tasa sea aceptada por la entidad con independencia de que su comportamiento se haya ajustado o no a la normativa y a las buenas prácticas, puesto que continuar el procedimiento ante la Autoridad siempre sería más costoso». 

De Cos también apuntó que esta situación podría generar también un incremento de los conflictos entre los clientes y las entidades financieras. “En este sentido, el Consejo de Estado, en su dictamen al anteproyecto, se ha pronunciado sobre la falta de proporcionalidad del sistema de tasa diseñado. Para evitar estos problemas potenciales, podrían explorarse otras alternativas como, por ejemplo, requerir el cobro de la tasa en función del número de reclamaciones contrarias a una entidad, y no meramente de las tramitadas», propuso.  

Por su parte, Rodríguez Pellitero advirtió del papel que podría jugar “la industria del pleito”, en referencia a los despachos de abogados que aumentaron su actividad al calor de las sentencias de las diferentes clausulas hipotecarias declaradas abusivas o por la comercialización de productos como las preferentes.

En este aspecto, el secretario de la AEB imaginó un hipotético escenario donde estos despachos de abogados actuaran contra los bancos para reclamar, por ejemplo, una comisión de 80 euros anuales por el mantenimiento de una cuenta bancaria, aunque estuviera perfectamente explicado en las condiciones de contratación.  

El secretario de la patronal bancaria AEB advirtió del papel que puede jugar la «industria del pleito» con el nuevo organismo

Pellitero señaló que a la entidad no le va a interesar defender cada caso, ya que le supondría abonar por cada caso 250 euros. Esto, en opinión del secretario de la AEB, conllevaría una «imposibilidad de racionalidad económica» de poder defender su posición, lo que explica la posible inconstitucionalidad de la tasa. 

Por su parte, el presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, apuntó que sí puede haber un “cambio en los incentivos de las entidades a la hora de allanarse en las reclamaciones de muy bajo importe, dado el importe de la tasa”, Además, apuntó que puede haber un ”mayor número de reclamaciones de los clientes que acudan a la nueva autoridad para reclamar porque el coste de realizar la reclamación al saber que lo que salga es vinculante puede hacer que más gente se anime a hacer la reclamación”.  

El carácter vinculante de las resoluciones

El proyecto de ley establece que las resoluciones se dictarán de forma ágil, atendiendo a criterios uniformes, en un plazo no superior a 90 días naturales desde que el expediente esté completo, y tendrán carácter vinculante para las entidades financieras cuando las reclamaciones estén relacionadas con la normativa de conducta y protección a la clientela, o con cláusulas abusivas declaradas como tales por los altos tribunales y de una cuantía inferior a 20.000 euros.   

Precisamente, ese carácter vinculante es el que tampoco acaba de convencer a la patronal bancaria. Pellitero señaló que frente al máximo actual que establece la norma, desde la patronal verían más acorde una cifra del entorno de los 2.000 euros, que les parecería “razonable” ese importe a la hora de establecer una vinculación.  

De Cos también se refirió a esa vinculación que establece la norma y sobre la que articula una de sus preocupaciones. El gobernador del BdE señaló que ese carácter vinculante no elimina la posibilidad de recursos, y por tanto no elimina «la posibilidad de que haya una enorme litigiosidad». 

El gobernador del Banco de España ha planteado una propuesta del supervisor para resolver este «puzle» que reside en la puesta en marcha de un «modelo autoadhesivo». El gobernador ha explicado que con esta propuesta las entidades asumirían el compromiso previo de cumplir con la resolución y, además, asumirían que la resolución que no sería recurrible. 

Algo que, en opinión del Banco de España, «evitaría costes y demoras». Asimismo, De Cos ha señalado que también evitaría el riesgo de encontrarse con resoluciones contrarias sobre un recurso similar al cortar la posibilidad de acudir a dos vías diferentes de recurso. 

La historia del nuevo defensor  

Actualmente, los consumidores pueden reclamar contra los bancos y los productos comercializados por ellos ante el Banco de España, CNMV, si se trata de productos relacionados con valores, o la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, en el caso de estos produtos. La resolución de estos organismos no es vinculante y dependiendo del organismo los procedimientos tienen diferentes tasas de aceptación.  

El objetivo de este nuevo organismo es poner fin a esto y crear una autoridad cuyas resoluciones sean vinculantes hasta los 20.000 euros, pero que permitiera también que los consumidores si no están de acuerdo pueda seguir acudiendo a los tribunales.   

En el debate que se gestó en la comisión de asuntos económicos también sobrevoló la idea de si la creación de este nuevo organismo no es una oportunidad perdida de llevar a cabo una reforma más ambiciosa y crear un modelo “twin peaks”, un anglicismo que no hace referencia a la serie de David Lynch sino a un modelo regulador donde haya solo dos organismos supervisores. Uno para las cuestiones relacionadas con la solvencia, que sería el Banco de España, y otro para las normas de conducta, que correspondería a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.  

Sin embargo, la creación de un supervisor para el cliente bancario o un organismo de similar naturaleza ya ha estado en la agenda de diferentes gobiernos, aunque nunca llegó a cristalizarse. En 2017, Ciudadanos y el Gobierno del Partido Popular resucitaron la creación de un organismo independiente que recordaba al que ya intentó poner en marcha Rodrigo Rato cuando era ministro de Economía en 2002 durante el Gobierno de José María Aznar en la Ley de Medidas de Reforma del Sistema Financiero.