El nuevo fiasco de ATLL: vuelve a pérdidas bajo gestión del Govern de Aragonès
La antigua Aigües Ter-Llobregat cerró 2022 con unos números rojos de 1,4 millones y prevé perder 20 veces más este año
Pere Aragonès y Teresa Jordà, consejera de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural. EFE
La de Aigües Ter-Llobregat es la historia de uno de los mayores fiascos de en la gestión de lo público en Cataluña. Tras pasar por manos privadas, una sentencia obligó a la Generalitat a retomar su control, y a pagar más de 300 millones de indemnización, y ahora, bajo manos públicas, la empresa vuelve a números rojos y prevé no solo seguir así, sino que estos sean mucho más abultados.
El Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat (ATL), como se rebautizó ATLL tras volver a manos públicas en 2019, dejó atrás dos años con beneficios acumulados de más de 20 millones de euros y perdió 1,4 millones en 2022, según las cuentas provisionales publicadas por el Govern en su proyecto de presupuestos de 2023, que se están tramitando.
Pero lo peor está por llegar. Precisamente en su presupuesto para este año, el ejecutivo de Pere Aragonès prevé unas pérdidas de 28,2 millones, es decir, 20 veces más que el último ejercicio. Y eso que no incluye los 305 millones que la Generalitat de Catalunya debe pagar al consorcio liderado por Acciona que gestionó la infraestructura y el servicio de agua para Barcelona y su área metropolitana hasta 2018.
La cifra de negocio de ATL es tan previsible que haría las delicias de cualquier contable: lleva tres años sobre los 153 millones de euros. Aún así su cuenta de resultados ha ido basculando. En 2019, primer ejercicio bajo gestión pública, perdió 2,2 millones de euros pero en 2020 ganó algo más de 10 millones, cifra muy similar a la de 2021.
Según se desprende de los resultados provisionales de 2022, las pérdidas de dicho año se deberían a un incremento de las provisiones, que pasaron de 30 a 40 millones, y a un aumento de 2 millones en los gastos de personal. En 2023 volverá a facturar esos 153 millones pero las provisiones se dispararían hasta los 55 millones mientras que los gastos por servicios externos también subirían considerablemente.
Estos gastos explicarían que se multipliquen por 20 los números rojos y dejen en negativo el balance de ATL bajo gestión pública, dirigida por José Miguel Diéguez y adscrita a la consejería de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, que comanda Teresa Jordà. No hay pues grandes inversiones en la mejora del servicio que justifiquen la debacle en las cuentas, sino una cuestión contable para corregir una situación de escasas provisiones en los años con beneficios.
Más de una década de fiasco
El fiasco del servicio del agua para los 5,5 millones de habitantes de Barcelona y su área metropolitana se remonta a hace más de una década. El Govern de artur más lo adjudicó a un consorcio liderado por Acciona, pero el concurso presentó irregularidades, que hasta el organismo de la Generalitat para controlar precisamente los concursos denunció.
La justicia intervino, puso en duda la licitación y tras un largo periplo por sedes judiciales, la Generalitat fue obligada a despojar a Acciona de ATLL. Entonces se inició otro litigio, el de los Entrecanales con la Generalitat por la indemnización. El último capítulo llegó a mediados de diciembre de 2022, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dictaminó que la Generalitat debe pagar 305 millones al consorcio que gestionaba ATLL por el servicio prestado, devolución de la garantía y del aval.
El Govern anunció un recurso y deja en manos del Supremo la decisión. En la presentación de los presupuestos de la Generalitat para 2023, la consejera de Economía, Natàlia Mas, defendió que esos 305 millones no estén ni presupuestados ni siquiera provisionados, pues calcula que antes de dos años no habrá sentencia firme. Mientras tanto, la administración catalana gana tiempo.
