Yolanda Díaz quiere que los contratos de alquiler sean indefinidos
El programa de vivienda de Sumar detalla una propuesta para que los contratos de alquiler no tengan duración mínima, aunque con causas de resolución para proteger al propietario
La líder de Sumar y candidata a la Presidencia del Gobierno, Yolanda Díaz, quiere que los contratos de alquiler de vivienda no tengan una duración mínima y que, de hecho, sean indefinidos, aunque con determinadas excepciones para poder extinguir la relación con el arrendatario.
Según el programa electoral de la formación, la batería de medidas en torno a la vivienda defiende aumentar «la duración mínima de los contratos de arrendamiento de vivienda tendiendo a que sean indefinidos con causas de resolución excepcionales para proteger al propietario«. Una medida que bebe del espíritu de la reforma laboral, que también establece por defecto una relación laboral estable entre trabajador y empleador, de tal manera que dificulte su disolución.
«Aunque la primera Ley de Derecho a la Vivienda aprobada recientemente constituye un gran paso adelante, quedan muchos elementos pendientes y necesitamos hacer que dicha ley se cumpla. Más aún si consideramos que el derecho a una vivienda digna y adecuada es precondición del ejercicio y acceso a otros derechos fundamentales y a la dignidad humana», indica en el preámbulo de sus propuestas en materia de vivienda.
La también vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social recupera la dación en pago, y propone una reforma en la Ley de Vivienda para incluir esta opción ante posibles impagos hipotecarios. En materia de hipotecas, además del bono para paliar la subida del euríbor, propone un modelo similar al del mercado de las telecomunicaciones: es decir, hacer obligatoria la portabilidad de las hipotecas para que sea posible cambiarse de entidad bancaria e irse a la que ofrezca una mejor oferta para su préstamo.
Para bajar la cuantía de las mismas y de sus intereses, Yolanda Díaz apuesta por la creación de un banco público que beba tanto del Instituto de Crédito Oficial como de las oficinas de Correos, una medida con la que aspira a reducir el coste de los préstamos hipotecarios.
«El problema principal es la dificultad del acceso a la vivienda como consecuencia de los elevados precios, sea en compra o en alquiler. La vivienda es cada día más inasequible para la mayoría de la sociedad. La actual combinación de precariedad laboral y vivienda inasequible produce en estos momentos inseguridad residencial«, destacan en el partido de la vicepresidenta.
Que el Estado obligue a las comunidades a limitar precios
Además, para reforzar los mecanismos en la Ley de Vivienda, el programa contempla que el Estado pueda instar a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales a que declaren las zonas de mercado tensionado, como establece la Ley de Vivienda. Ahora mismo, las competencias son regionales y locales, por lo que la activación de ese mecanismo está en manos de los gobiernos regionales.
En cuanto a otras medidas, la plataforma propone también un gravamen sobre los suelos disponibles para urbanización ociosos, la prohibición de la venta de suelo y vivienda dela Sareb, Adif y el Ministerio de Defensa. Además, pide la creación de juzgados especializados en vivienda, además de un registro de hogares vacíos.
«Como resultado de la insuficiente acción pública en nuestro país, los hogares han debido realizar en las últimas décadas un esfuerzo económico mucho mayor y, por consiguiente, se han endeudado. Asimismo, se ha producido una elevada extracción y transferencia de rentas en favor del sector inmobiliario, al tiempo que amplias capas de la población han quedado al margen de las ayudas públicas y del derecho a un alojamiento digno», zanja el documento.
