Los expertos de Sánchez para el coche eléctrico denuncian el cierre del grupo de trabajo sin resultados 

El verano pasado, cuando el calor empezaba a causar los primeros estragos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se puso al frente del Grupo de Gobernanza para el seguimiento del despliegue de Infraestructura del Vehículo Eléctrico (Gtrive). Al menos, en la fotografía. Un año después, y tras otro par de fotos, el desarrollo de puntos de recarga en España está estancado. El sector se muestra preocupado por la velocidad. 

Esta semana, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (Idae) ha querido dar promoción en redes sociales a las conclusiones que se han gestado tras el trabajo de este ‘grupo’. De igual modo, existe un documento con ‘preguntas frecuentes’ sobre la evolución del despliegue de infraestructuras. En ambos casos, se trata de información estéril y que no aporta más de lo que se ha publicado por otras vías, aseguran fuentes del sector a ECONOMÍA DIGITAL. 

Sobre el balance del trabajo y las recomendaciones, agentes que han estado presentes en las reuniones aseguran que todo el trabajo ha quedado a medias. Señalan que este año, bajo el calendario previsto de legislatura, se podría haber acelerado más. Sin embargo, con la convocatoria electoral, desde hace semanas todo se ha frenado. Y ahora nadie sabe muy bien qué se hará con lo poco que se había avanzado. 

Y todas las visiones van en esta línea. Las fuentes consultadas estiman que había muy buenas intenciones cuando el año pasado se hicieron las fotografías, pero el resultado final ha sido insuficiente a todas luces. El mejor ejemplo es que no hay cifras oficiales sobre puntos de recarga en funcionamiento dado que el descontrol es absoluto. 

Un año de pocos resultados 

El Grupo de Gobernanza para el seguimiento del despliegue de Infraestructura del Vehículo Eléctrico (Gtrive) tenía, entre otras funciones, «proponer medidas para eliminar las trabas existentes, identificando al órgano competente, para acelerar ese despliegue». Pero las medidas, finalmente, no han llegado ni en tiempo ni en forma. 

En dicho grupo han participado organizaciones como la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica (Cide); la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan); la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec); la Asociación de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP); la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico (Aedive); la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac); la Asociación Española de Vendedores al por Menor de Carburantes (Aevecar); o la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (Aesae), entre otras muchas. 

Asimismo, este grupo de trabajo debía «fijar objetivos de despliegue acompasados con la penetración de los vehículos eléctricos en el parque y alineados con el nuevo Reglamento de instalaciones de combustibles alternativos propuesto por la Comisión Europea»; sin embargo, el problema es que una cosa va de la mano de la otra, y ninguna está yendo al ritmo previsto. 

Sin legislación fiable 

Aunque más allá de que se trate de un camino recorrido a medio gas, lo más grave es que el propio Gobierno, en el documento sobre ‘preguntas y respuestas’, pierde toda la credibilidad al dar por obligatorio leyes que no ha cumplido nadie con el propio consentimiento del Ejecutivo. 

En concreto, bajo la pregunta ‘¿En qué tipo de edificios o aparcamientos es obligatorio instalar puntos de recarga?’, el Idae recuerda que bajo el Artículo 4 del RD-L 29/2021 será obligatorio antes del 1 de enero de 2023 que en lugares con más de 20 plazas debe existir infraestructura de recarga. 

Esto no es cierto. Tal y como ha contado ECONOMÍA DIGITAL el último año, se creó una subcomisión dependiente del Ministerior de Industria para desarrollar otro documento en el que se dieran soluciones a la situación puesto que no había tiempo material para cumplir con el Real Decreto Ley. Un puñado de sesiones después nadie sabe nada, y todo ha quedado en el aire. 

Las eléctricas sin saber qué hacer 

En este contexto, otro problema es que las empresas quieren, pero la burocracia es infranqueable. Según ha podido conocer ECONOMÍA DIGITAL en fuentes del mercado, el conjunto de las eléctricas están muy interesadas en invertir para desarrollar una red de puntos de recarga que dé un impulso definitivo, pero asumen que los trámites son «complejos y demasiados largos». 

De hecho, los datos son realmente preocupantes, porque uno de cada cinco puntos de recarga que ya está en pie, y listo para su uso, en realidad no puede funcionar porque todavía no tiene todos los permisos pertinentes. Además, hay una gran diferencia entre la tipología de potencia en los puntos de recarga. 

Por ejemplo, en los equipos con potencia de baja tensión que llegan hasta los 100 kW, la media total desde que se inicia el proyecto hasta que se tienen todos los permisos y la conexión eléctrica puede llegar hasta los 12 meses. Lo más alarmante es que para las recargas de media tensión, aquellas que superan los 100 kW de potencia, estos trámites pueden llegar hasta los 22 meses desde que se inicia hasta que finalmente se despacha la energía.  

Desde el sector insisten en que la legislación ha ido cambiando en algunos pasos de este camino, pero no es suficiente. Y, sobre todo, lo que más preocupa es que los problemas están identificados y son de sobra conocidos por todos los actores del mercado. Por ejemplo, explican a este medio fuentes conocedoras del proceso, que se podría empezar por aceptar presentar una declaración responsable para todas las licencias que sean necesarias. Eso, detallan, ya ahorraría muchas semanas, o incluso meses de tramitaciones.