Que no te engañen con la reduflación: cuando pagas más por menos
Algunas empresas trasladan el aumento de costes al producto final reduciendo la cantidad de producto y aumentando el precio o haciendo uso de ingredientes mas económicos
Los periodos de inflación son el campo perfecto para que las empresas aprovechen esta práctica comercial: mantener el precio del producto o incluso aumentarlo ligeramente, pero reducir la cantidad que contiene el envase. Este fenómeno se llama reduflación.
El alza de los precios de la energía y los combustibles ha tenido un impacto directo en los resultados de las empresas, ya que sus costes aumentan. Ante esta situación, las empresas pueden terminar trasladando el aumento de costes a sus clientes y la forma más sencilla de hacer esto es mediante un aumento de los precios. Sin embargo, como subir precios puede tener efectos negativos en el consumo, ahí es donde entra en juego la reduflación.
Según Openbank, hay distintas formas de llevar a cabo la reduflación. Una de ellas es cambios en el packaging o empaquetado hasta reducir el tamaño (menor grosor o dimensiones). Otro cambio posible es modificar la cantidad y/o calidad de las materias primas o ingredientes secundarios utilizados en la producción.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ya percibió en 2022 bajadas de peso de productos cobrados al mismo precio. «El sobre de chorizo Revilla se vende a un precio fijo de 1 euro, como se indica en el envase, pero antes contenía 80 gramos de embutido. Ahora contiene tan solo 70 gramos», detallan. Otro ejemplo es la botella de Pepsi-Cola de 2 litros, que ha dejado paso a la botella de 1,75 litros y ha subido de precio: en 2021 era 1,33 euros y, según este análisis de la OCU, el precio del nuevo envase es de 1,48 euros.
Una práctica legal
La reduflación es, en principio, una táctica lícita, siempre y cuando se refleje la nueva cantidad en los envases. Puede tildarse de táctica poco ética o incluso engañosa, pero no es ilegal.
Openbank detalla que, en España, la responsabilidad de controlar que las empresas y marcas cumplen con la legislación es competencia de las comunidades autónomas. En caso de detectar irregularidades, deben reportarlas a la Dirección General de Comercio y Consumo de la comunidad autónoma pertinente. También se puede presentar una denuncia por escrito en el registro de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
