También en manos de Puigdemont el desbloqueo de 10.000 millones en fondos europeos para España
El partido del expresident tiene en su mano dar el visto bueno a la Ley de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, una reforma clave para recibir el cuarto tramo de los fondos Next Generation EU
El expresident Carles Puigdemont y la vicepresidenta Yolanda Díaz, tras reunirse en Bruselas. EFE
Si bien al negociación para sacar adelante la investidura del socialista Pedro Sánchez ha ocupado todo el foco, el expresident Carles Puigdemont tiene en sus manos una reforma clave para que España reciba el cuarto tramo de los fondos europeos Next Generation EU: la ley de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, una de las normas fundamentales para recabar los 10.000 millones que corresponden a este desembolso.
El Gobierno lleva más de medio año a vueltas con una norma que ya recibió el visto bueno del Congreso el pasado mayo, desde donde salió hacia el Senado con 186 votos a favor. En ese momento, el texto -que fue negociado y enmendado en la Comisión de Asuntos Económicos de la Cámara baja- recibió los votos del PSOE, Unidas Podemos, ERC, Ciudadanos, PNV, EH-Bildu, PDeCAT, Más País-Equo, Coalición Canaria, Compromís y BNG. Solo Vox se opuso, en tanto que el PP, Junts y Foro Asturias se abstuvieron.
Con todo, el adelanto electoral forzó que la norma decayera y ahora haya que rescatarla. Es un mandato de Bruselas, como ya señaló Economía Digital: «Todos los Estados miembro de la comunidad europea tienen la obligación de designar a una autoridad competente que ofrezca a los consumidores la resolución de litigios mediante un procedimiento de resolución alternativo», detallaron fuentes de la Comisión Europea a este digital.
El 23-J ha cambiado las mayorías
Sin embargo, las urnas del 23 de julio arrojaron un escenario muy diferente al que existía antes. En el hemiciclo ya no estarán presentes los 9 diputados de Ciudadanos (10, si se cuenta el de Pablo Cambronero, que se fue al Grupo Mixto). Tampoco estará el diputado de Foro Asturias. En general, se ha producido un reacomodo de las fuerzas que sitúa a los partidos que apoyaron la norma en 172 escaños, lejos de la mayoría absoluta y muy cerca de la capacidad de veto de PP y Vox. La ultraderecha ya votó en contra del organismo, asegurando que no era necesaria una Autoridad para esta materia, pero los populares se abstuvieron con fuertes críticas al proyecto. Una buena muestra de poder sería hacer descarrilar una norma clave para el Ejecutivo de Sánchez, aunque no consigan llegar a La Moncloa a pesar de ser la fuerza más votada.
Es por eso que todas las miradas se dirigen de nuevo a Carles Puigdemont. Sus siete diputados en las Cortes Generales, liderados por Miriam Nogueras, tienen en sus manos el avance de una norma sobre sobre la que se abstuvieron en mayo. Si vuelven a abstenerse o dan su apoyo a la misma, asegurarían el cobro de estos fondos millonarios. En la legislatura pasada, la escisión en el grupo con los diputados del PDeCAT apoyó la norma.
El Ejecutivo en funciones, mientras se negocia el intento de investidura, primero, de Alberto Núñez Feijóo, y el de Sánchez, después, sigue negociando con Bruselas la Adenda al Plan de Recuperación. Esta es una actualización del programa remitido a Bruselas que incluye más de 80.000 millones de euros en préstamos blandos procedentes de la Comisión. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos en funciones, Nadia Calviño, aseguró a principios de semana que se estaba trabajando también en la solicitud del cuarto pago de los fondos.
Fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos consultadas por Economía Digital subrayan que se está trabajando «intensamente» con Bruselas para recibir la luz verde al documento de la Adenda. Este fue aprobado por el Consejo de Ministros a principios de junio y, aunque la Comisión tenía dos meses para aprobarlo, se consensuó una ampliación del plazo. Eso sí, no hay respuesta al ser cuestionadas si la negociación de la Adenda lleva aparejada la de un nuevo calendario para desbloquear los fondos. Esta podría ser una válvula de escape para acelerar la recepción de los fondos y solventar el problema de la interinidad del Gobierno.
17.000 millones pendientes de cobro
En total, con los trámites para la solicitud del cuarto pago paralizados y a la espera de la consecución de los objetivos del quinto, España -el país más avanzado en la recepción de los millonarios desembolsos de los Next GenerationEU- ve cómo se quedan en el aire 17.000 millones de euros por asignar.
El cuarto pago exige por parte de Bruselas del cumplimiento de 43 hitos y 15 objetivos para recibir los 10.000 millones de euros. De ellos quedan pendientes algunos tan importantes como la aprobación de la Ley de Función Pública y de parte del paquete Justicia 2030 (la Ley de Eficiencia Procesal y la Ley de Eficiencia organizativa). Las tres normas se encontraban en tramitación parlamentaria pero decayeron al disolverse las Cortes por el adelanto electoral.
De media, una ley tarda cinco meses en pasar el trámite legislativo por el Congreso y el Senado, por lo que, como pronto, la solicitud de ese pago -y sin conocer cuándo será la investidura ni si será efectiva- podría producirse a principios del año que viene. Por otro lado, y a pesar de que Sánchez pueda articular una mayoría en el Congreso que permita sacar adelante los proyectos, el Senado cuenta con una mayoría absoluta del PP. La Cámara Alta no puede bloquear la tramitación de una ley, pero sí ralentizarla. Para su revisión y pago al Tesoro Español, la Comisión Europea exige que las normas estén publicadas en el Boletín Oficial del Estado.
Según un artículo publicado esta semana por el Banco de España, hay preocupación de que el retraso en el cumplimiento de los hitos pueda hacer que se pierda la efectividad del millonario programa de reformas. España, pese a haber completado cerca del 60% de las normas comprometidas, solo ha invertido uno de cada diez euros del Plan de Recuperación.
