Pensión por incapacidad permanente: estos son los nuevos derechos
Te explicamos cuáles son las novedades sobre la pensión por incapacidad permanente con la entrada en vigor de la Ley de Empleo
El Instituto Nacional de la Seguridad Social otorga la pensión por incapacidad permanente para aliviar los problemas económicos por no poder trabajar -o hacerlo de forma reducida- ante un accidente laboral o enfermedad.
Pero antes de ser otorgada esta prestación, un tribunal médico llamado Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI) analiza al paciente y determina si corresponde otorgarle la pensión por incapacidad permanente, en qué grado y de cuánto será la cuantía.
En concreto, el organismo distingue entre cuatro grados de incapacidad, que dan derecho a la correspondiente prestación económica. Mientras que la incapacidad parcial ocasiona al trabajador una disminución no inferior al 33% en el rendimiento para dicha profesión, la incapacidad total inhabilita al trabajador para su profesión habitual, pero puede dedicarse a otra distinta.
La incapacidad absoluta inhabilita al trabajador para toda profesión u oficio y la gran invalidez se concede cuando el trabajador necesita la asistencia de otra persona para llevar a cabo los actos más esenciales de su día a día.
Estos son los nuevos derechos
La entrada en vigor de la nueva Ley de Empleo comportará una serie de novedades para las personas que perciben una pensión pública por incapacidad permanente.
Uno de los nuevos derechos es la asimilación legal entre las situaciones con una discapacidad de al menos el 33% con el reconocimiento de la incapacidad permanente que determina la Seguridad Social. Por ese motivo, todas las personas que cobren una pensión de incapacidad permanente tendrán reconocido una discapacidad de por lo menos el 33%. Asimismo, las personas con trastorno del espectro de autismo ahora también son reconocidas en el grupo de personas con discapacidad.
El nuevo texto también recoge que los servicios de empleo deberá haber personal capacitado para atender las necesidades de las personas con discapacidad. Además, será necesario introducir herramientas digitales de formación que sean accesibles a las personas que estén buscando trabajo. Con la nueva ley se identifican con más claridad las partidas que el Estado transfiere a las comunidades autónomas para las políticas activas de empleo del colectivo de personas discapacitadas.
