Así sería un pacto PSOE-Sumar: más impuestos y reforma constitucional para subir las pensiones

Una vez conocidos los programas electorales de las cuatro principales formaciones que se presentan a las elecciones, ya tenemos claro por dónde podrían ir los pactos para formar un Gobierno tras pasar por las urnas el 23 de julio. Si bien el PSOE y Sumar, la plataforma que lidera la vicepresidenta Yolanda Díaz, van a la zaga en las encuestas, el actual Ejecutivo de coalición podría revalidarse y seguir adelante con su gestión.

De la comparación de los programas de ambas formaciones, las conclusiones que se pueden sacar es que un Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz avanzaría hacia una reforma fiscal con más impuestos verdes, mantendría los tributos transitorios a la banca, las energéticas y las grandes fortunas; y, además, intentaría blindar todas las reformas aprobadas en los últimos cinco años para evitar que una eventual mayoría de derechas pueda desmontarlas.

Impuestos a la banca y los ricos, permanentes

El PSOE destaca en su programa que evaluarán la prórroga de los tributos especiales a la banca y las energéticas, que en un principio se habían diseñado para los beneficios obtenidos en las circunstancias especiales del año pasado y para los beneficios de este. También en el de las grandes fortunas, donde apuntan que abrirán el «debate sobre la tributación de la riqueza en el marco del modelo de financiación autonómica para acabar con la competencia fiscal desleal entre territorios«. Es decir, buscar fórmulas para evitar que comunidades gobernadas por el PP puedan bonificar estos gravámenes.

En el caso de Sumar, la plataforma que lidera Yolanda Díaz es más taxativa y apuesta directamente por convertir en estructurales estos ingresos. «El Estado ha desplegado cuantiosas medidas para compensar la pérdida del poder adquisitivo de las familias trabajadoras derivada de la subida de los precios y de las hipotecas. Es justo que quienes, por el contrario, se han beneficiado de la subida de los precios y de los tipos de interés contribuyan a sufragarlas«, detalla el documento. Además, en el apartado fiscal también defienden la creación de nuevos tributos en relación con una fiscalidad saludable, gravando las bebidas azucaradas o los alimentos ultraprocesados para desincentivar su consumo.

Ambas formaciones apuestan también por una reforma fiscal verde, una reforma comprometida con Bruselas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia pero que ha quedado en un cajón.

SMI y Ley de Usos del Tiempo

Otra de las relevantes coincidencias entre ambas formaciones es también uno de sus políticas estrella durante los tres años y medio de mandato: el salario mínimo interprofesional. En el caso de los socialistas, la propuesta pasa por que estas rentas suelo estén vinculadas permanentemente al 60% del sueldo medio, para lo cual optan por incluirlo en una reforma del Estatuto del Trabajador. El proyecto de Yolanda Díaz va más allá y apuesta por que esta cuantía mínima siempre gane poder adquisitivo, por lo que busca vincularlo al IPC.

Siguiendo en materia de empleo, uno de los compromisos del antiguo acuerdo de Gobierno era la aprobación de una Ley de Usos del Tiempo. En los últimos compases de la legislatura, Díaz aprovechó y presentó un informe encargado a expertos para construir la futura norma. De él surge una de sus propuestas estrella: reducir a 37,5 horas la jornada legal, sin recorte de salario, y abrir el camino hasta la de 32 horas semanales. El PSOE incluye en su programa la aprobación de esta ley, aunque menos ambiciosa. Sí recoge seguir adelante con los proyectos piloto en la industria para reducir la jornada.

Reforma de los contratos de alquiler

En el apartado de vivienda, las propuestas divergen, aunque coinciden en una muy relevante: la reforma de los contratos del alquiler. Los socialistas apuestan por regular y diversificar los contratos de arrendamiento «para recoger las peculiaridades de cada situación de manera que se atienda a arrendador y al arrendatario y a la situación concreta que se pretende regular, sobre todo en el caso de arrendamientos temporales de primera vivienda». Pero Sumar va más allá y, recuperando el espíritu de la Reforma Laboral, apuesta por hacer indefinidos los contratos de alquiler, de tal manera que en algunas circunstancias muy específicas pueda disolverse el acuerdo de arriendo.

Además, en materia económica ambas formaciones coinciden en la propuesta de crear un Consejo de la Productividad, una suerte de organismo que estaría encargado de buscar soluciones a la baja productividad de nuestro país, uno de los lastres del crecimiento y de las razones por las que aún estamos estancados en renta per cápita y a mucha distancia de la media europea.

En cuanto a la transición ecológica, coinciden en lo fundamental: una reforma fiscal verde y un impulso a las energías e inversiones renovables. Pero aquí la guerra es de cifras: mientras que los socialistas creen que pueden crear 700.000 empleos ligados a estas inversiones verdes, desde Sumar creen que es plausible la creación de medio millón de puestos de trabajo.

Blindaje de su legado

Este futuro plan de Gobierno también pasaría por el blindaje de la reforma de las pensiones aprobada en este periodo. Sobre todo, de la primera pata: la que recupera la revalorización con la inflación. «Durante esta legislatura se ha garantizado por ley, por fin, una reivindicación histórica: la actualización automática de las pensiones de acuerdo con el crecimiento del IPC para asegurar el poder adquisitivo de las mismas. Este compromiso se mantendrá de forma absoluta», se compromete el partido de la vicepresidenta. Los socialistas van más allá: este compromiso irá en una reforma constitucional para sellar definitivamente la revalorización con la inflación, de tal manera que futuras reformas de las pensiones no puedan deshacerlo con facilidad.

El PSOE propone que la protección de las pensiones no sea la única. «Blindaremos el matrimonio igualitario, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, el derecho a la muerte digna, la asistencia de víctimas de violencia de género, el sistema público de pensiones, el derecho a la asistencia sanitaria, el derecho a la seguridad climática y al acceso al agua potable como derechos fundamentales de las personas, de modo que no puedan ser derogados o anulados por una coyuntural mayoría parlamentaria», dice el programa. No detalla, eso sí, cómo lograrlo.