El Gobierno vende los impuestos a ricos, bancos y energéticas como “novedades” de la lucha contra el fraude

El Plan de Control Tributario de 2023 publicado este lunes por el Ministerio de Hacienda, el cual establece las directrices básicas de lucha contra el fraude, destaca como «novedades» los tres impuestos estrella del Gobierno y cuestiones de la agenda política que poco tienen que ver con medidas antifraude reales.

En concreto, el plan ensalza como novedad que la Agencia Tributaria se encargará este año de poner en marcha los dos gravámenes temporales a energéticas y a entidades de crédito y el impuesto temporal de solidaridad a las grandes fortunas. También destaca la presidencia española de la Unión Europea durante el segundo semestre de 2023 justificado en que la actividad de la Agencia Tributaria «se va a ver afectada» por ello.

A juicio de José María Pelaez, inspector miembro de la Asociación de Inspectores de Hacienda (IHE), esto no es más que «estética o relleno» a través de «mucha literatura», lo cual da como resultado un modelo «agotado» de control tributario cuyas supuestas novedades no tendrán gran repercusión en lo que a erradicar el fraude más grave y sofisticado se refiere.

La asociación considera que para combatir el fraude más delictivo y organizado son necesarias medidas que van en sentido contrario a la ley de lucha contra el fraude fiscal de 2021, la cual rebajó al 1% los recargos por presentar declaraciones fuera de plazo y redujo las sanciones por infracción tributaria si el contribuyente muestra conformidad de pago.

Según los inspectores, los planes de los últimos años inciden, en consonancia con esta ley, en fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, algo que, consideran, ya ha llegado a su límite. Pelaez pone el ejemplo del fraude organizado: «Detrás de tramas de fraude en el IVA o de una trama de facturas falsas, por muy bien que trates al contribuyente nunca lo vas a llevar a que realmente tribute», explica.

Por ello, insiste en que estas medidas no son «realmente eficaces para reducir el fraude de aquellos que, deliberadamente, no quieren cumplir con sus obligaciones tributarias» y considera que esa es la «asignatura pendiente» de la Agencia Tributaria.

También ha criticado el plan por ineficaz el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), que advierte de que las directrices del documento «renuncian a perseguir los delitos fiscales» al no contemplar «la recuperación de las competencias de los técnicos». En un comunicado, los técnicos recuerdan que perdieron el control sobre los expedientes en casos de «especial dificultad sobrevenida» en 1999, por lo que las denuncias a la Fiscalía por presuntos delitos contra la Hacienda Pública han caído un 82 % en diez años, al pasar de 1.014 en 2011 a 179 en 2021.

La ‘justicia tributaria’ no es una prioridad

Otra de las críticas principales de los inspectores de hacienda al plan es que su actividad se basa en un sistema de objetivos cuantificados que prima alcanzar los números fijados y aumentar la recaudación año tras año por encima de realizar inspecciones que analicen en profundidad a los contribuyentes investigados, lo cual manda un «mensaje erróneo al contribuyente defraudador».

Los inspectores reconocen que, en ocasiones, se tienen que «abortar planes recién iniciados», como el reciente caso de comprobación de la deducción de maternidad que se negaba a las madres que habían estado en un ERTE durante la pandemia porque en ese período se consideraba que no habían trabajado por cuenta ajena. Por ello, los inspectores inciden en que no se tienen en cuenta otros principios más allá de la productividad, como «la eficacia de las actuaciones o la propia justicia tributaria».

Datos demasiado agregados

A estas deficiencias del diseño del plan se añade que los datos de la Agencia Tributaria relativos a la prevención y el control del fraude tributario y aduanero se dan tan agregados que no permiten evaluar realmente como han funcionado las distintas líneas de actuación. «Lo que sucede algunas veces es que resultados globales satisfactorios enmascaran otros de diferente signo, porque siempre hay algún resultado extraordinario que salva el año», detallan los inspectores.

Así lo reconoce la propia Agencia Tributaria al comparar los datos de los años 2020 y 2021. En términos acumulados, durante 2021 se han obtenido 16.141 millones de euros por prevención y control del fraude tributario, lo que supone un descenso del 2,75% respecto a la cuantía obtenida el año anterior. Sin embargo, explica la Agencia Tributaria, «descontados los expedientes extraordinarios de 2020 y 2021, el pasado año se obtuvieron 14.201 millones de euros, un 17,3% más».

Con estos datos agregados, el índice de eficiencia de 2021 refleja que por cada euro gastado en la Agencia Tributaria, se recaudaron 11,19 euros en operaciones contra el fraude, una cifra algo inferior a la de 2020 (11,52 euros).