El futuro Gobierno deberá aprobar la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero por mandato de Bruselas
La CE remarca que "todos los Estados miembro de la comunidad europea tienen la obligación de designar a una autoridad competente"
Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. EFE
La Autoridad de Defensa del Cliente Financiero se aprobará, independientemente del partido que finalmente forme Gobierno tras el 23J. La que es una de las medidas impulsadas por el actual Ejecutivo, y que se ha quedado varada por el adelanto electoral, seguirá adelante sin importar si es el Partido Popular (PP), el Partido Socialista (PSOE), Sumar o Vox el partido que pasa a formar Gobierno después de las elecciones del próximo domingo.
Así lo remarcan fuentes de la Comisión Europea consultadas por ECONOMÍA DIGITAL. Tal y como indican desde Bruselas, «todos los Estados miembro de la comunidad europea tienen la obligación de designar a una autoridad competente que ofrezca a los consumidores la resolución de litigios mediante un procedimiento de resolución alternativa». Es decir, independientemente del partido que finalmente aterrice en la Moncloa, esta herramienta deberá ser aprobada por mandato del organismo liderado por Ursula Von der Leyen.
La Autoridad de Defensa del Cliente Financiero «se quedó a una semana de ser aprobada en el Senado»
Pese a que la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero estaba a las puertas de ver la luz, el adelanto electoral dejó esta medida, como muchas otras, varada la espera de ver quiénes serán los nuevos miembros del Gobierno, si es que los hubiera. Tal y como remarcan fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, la medida «se quedó a una semana de ser aprobada en el Senado«.
El PP se abstuvo en la aprobación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero en el Congreso
Pese a que es una herramienta que ha levantado ampollas entre algunos miembros del entramado bancario español, como en la AEB, el actual Gobierno, con Nadia Calviño al frente del Ministerio de Asuntos Económicos, ha trabajado por sacar esta medida adelante, la cual, para organizaciones como Asufin o la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), se antoja clave.
A mediados de mayo, el Congreso dio luz verde a la aprobación de esta medida con el voto a favor del PSOE y Podemos, pero también con el visto bueno de PNV, ERC, EH Bildu, Ciudadanos y PDeCAT, pero también con la abstención del PP y de Junts. La organización política liderada por Alberto Núñez Feijóo, a la que la mayoría de las encuestas ubican como primera fuerza política, se mostró crítica con la aprobación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero.
El PP cree que la creación de un nuevo ente será algo que «acabarán pagando todos los consumidores»
Los populares consideran que no es necesario crear un nuevo ente administrativo para resolver cuestiones problemáticas que atañen directamente a los clientes, así como a las firmas bancarias, fondos de inversión… ya que lo «acabarán pagando todos los consumidores». Ahora, y de cumplirse lo que proyectan las encuestas, el PP deberá asumir la aprobación de esta medida, puesto que España, como país miembro de la UE, está obligada a contar con una entidad que controle las cuestiones relacionadas con la defensa de los clientes financieros, tal y como indican fuentes de la CE.
Gobierne quien gobierne, la medida debe salir
Es decir, si finalmente los de Feijóo forman Gobierno tras las elecciones, tendrán que recoger el testigo de Calviño y culminar lo que, hasta mayo, iba a ser una nueva ley vinculada al sector financiero.
El objetivo de Bruselas es «garantizar la protección de los clientes de toda la UE, independientemente de su lugar de residencia«, especifican fuentes del ente comunitario. Además de ello, desde la CE indican que España notificó la transposición de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero.
La idea del actual Gobierno «es culminar la tramitación»
Por otro lado, y de no haber ningún cambio tras los comicios del próximo 23 de julio, el actual Gobierno mantiene la idea de aprobar la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero. Según apuntan fuentes ministeriales, la idea de los de Calviño es que «se culmine la tramitación parlamentaria lo antes posible en la próxima legislatura«.
Tal y como apuntó la también vicepresidenta primera del Gobierno tras la reunión de seguimiento del sector con las patronales y principales asociaciones de clientes del pasado 29 de junio, la pretensión del Ejecutivo es «poner en marcha cuanto antes la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero».
«El Gobierno está comprometido cuando pasen las elecciones en aprobar este proyecto ley que beneficia a los ciudadanos en las finanzas«, sostuvo la ‘número uno’ de Economía. «Debemos poner en marcha de forma real este instrumento importante que complementa al Código de Buenas Prácticas», aseveró la ministra.
Sea como fuere, y esté quien esté a la cabeza del Ejecutivo, la Comisión Europea deja claro que España, como Estado miembro de la comunidad europea, debe contar con un instrumento que proteja a los consumidores, el cual esté manejado por una institución independiente. Es decir, la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero verá la luz con Sánchez, Feijóo, Díaz o Abascal al frente del Gobierno.
