CEOE se posiciona con Bruselas y asumen que la reforma eléctrica de Ribera es excesiva
El ‘think tank’ asociado a la gran patronal española asume que no se debería tocar mucho lo que ha funcionado durante tantos años
Kadri Simson, comisaria de Energía de la UE; y Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica
Desde el Instituto de Estudios Económicos lo tienen claro: para qué tocar lo que funciona. Así ven el mercado eléctrico europeo. Y más europeo que debería ser. Esas son las dos principales conclusiones de un informe que ha presentado este organismo ligado a CEOE.
En concreto, su presidente, Íñigo Fernández de Mesa; y su director general, Gregorio Izquierdo, han presentado el informe ‘Buenas prácticas regulatorias. Una propuesta para el sector eléctrico español’. Un documento que tiene como principal conclusión la necesidad de potenciar un mercado eléctrico común en toda Europa.
«Ha llegado la hora de acabar con las 17 regulaciones distintas del marco europeo». Sobre todo, y el en caso español es muy acusado, porque si cada legislador tiene un control propio y aislado se genera una gran incertidumbre.
Así se recoge en el informe de opinión del IEE, que destaca la relevancia del marco regulatorio e institucional que determina la actividad económica de generación de energía eléctrica pues, entre todos los sectores económicos, el sector eléctrico podría considerarse por su propia naturaleza y por las implicaciones económicas y sociales que tiene sobre el resto de los sectores de actividad y las familias, como un sector estratégico de una economía.
En este contexto, y ante la crisis de Ucrania, los gobiernos han adoptado medidas extraordinarias y desiguales. Dichas medidas deberían ser homogéneas y transitorias. Un caso especialmente criticable es el establecimiento en España de un gravamen sobre ingresos en lugar de aplicar sobre beneficios extraordinarios como establecía el Reglamento Europeo.
A vueltas con la reforma
Precisamente, estos días se debate en Luxemburgo, en el Consejo de energía europeo, sobre la reforma del mercado eléctrico. Uno de las voces que más ha sonado ha sido la de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.
Su propuesta, centrada en el desarrollo de contratos por diferencia (CfD), sin embargo, no ha tenido demasiados respaldos. Ni dentro, ni fuera de España. El último caso se ha dado con el informe del IEE, donde se pone el foco -para un mejor rendimiento del mercado- en los contratos a largo plazo (PPA).
En el documento presentado estiman que la propuesta se aleja de la asignación y conformación de los precios de la electricidad a través de la libre iniciativa que se presenta en los mercados, marcando un mayor intervencionismo. En este sentido, el informe destaca la necesidad de que el mercado mayorista deba seguir siendo marginalista, lo que garantiza que la energía se produce al menor coste posible, se asigne y se consuma eficientemente.
Este mecanismo específico de asignación a través del mercado marginalista produce señales de precios que resuelven eficientemente cualquier desequilibrio que se pueda producir en el corto plazo entre la oferta y la demanda al dar información precisa del valor de escasez real de la energía.
La gran crítica es al funcionamiento de los contratos por diferencias (CfD) establecidos en la propuesta del Gobierno español y firmados entre generadores y la autoridad regulatoria trasladan los ingresos o costes de la liquidación al conjunto de todos los consumidores, con independencia de su aversión al riesgo y, por tanto, con independencia de sus preferencias acerca de la forma de contratación que más se ajusta a sus necesidades.
Este tipo de contratación drena de facto la oferta de cobertura de riesgo de precio en el mercado, encarece el valor de las primas y perjudica a los consumidores que realmente desean cobertura. En este caso, de prosperar la propuesta de la Comisión Europea de regulación de CfD para determinados supuestos, deberíamos limitarnos a su cumplimiento voluntario y no ir más allá de la misma.
A su vez, y en oposición al diagnóstico del Gobierno, las señales que se producen en los mercados a través de los precios son instrumentos mucho más eficientes que las subvenciones a la hora de incentivar los procesos de descarbonización.
Ello se debe a la falta de información completa de la que adolecen las Administraciones públicas respecto de los costes de las inversiones y respecto de los potenciales ahorros que conllevan en su despliegue. Las señales de precio llegan a todos los agentes económicos (productores y consumidores), mientras que las subvenciones sólo llegan a los agentes que las perciben; y, en un contexto creciente de restricciones presupuestarias, es previsible que la disponibilidad de recursos para financiar actuaciones sea limitada.
Es más, un riesgo adicional de la instrumentación de esta política mediante subvenciones es la inevitable distorsión sobre las condiciones de competencia que las posibilidades presupuestarias de los distintos Estados Miembros pueden implementar, puesto que estas son, en la práctica, muy desiguales y asimétricas.
