Ayuso pone en marcha la aceleradora de inversiones para atraer grandes proyectos empresariales a Madrid
Con la Aceleradora de inversiones también quieren reducir al máximo los plazos para tramitar las propuestas empresariales para fomentar las inversiones y el empleo
La Comunidad de Madrid pone en marcha este mes de marzo la Aceleradora de inversiones, un organismo público para atraer grandes proyectos empresariales a la región y reducir al máximo legal los plazos para tramitar propuestas empresariales con el fin de fomentar las inversiones y el empleo.
El Consejo de Gobierno aprobará este miércoles el decreto que regula esta unidad, sin coste alguno para las arcas públicas, y que tiene como función coordinar la acción de la Administración autonómica para «agilizar la tramitación de todas las propuestas de alto impacto por su creación de riqueza y empleo».
El decreto con la creación de la aceleradora de inversiones de la Comunidad de Madrid se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial regional (BOCM) para su entrada en vigor este mismo mes.
Inversiones prioritarias
Así, las inversiones que supongan la generación de más de 50 puestos de trabajo con contrato indefinido o cuya inversión no inmobiliaria supere los 10 millones de euros, se considerarán prioritarias y se reducirá de forma sustancial los plazos de tramitación ordinarios para que puedan comenzar sus actividades lo antes posible.
La Aceleradora de inversiones, organismo público dependiente de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, también tendrá en cuenta otros aspectos de los solicitantes como la apuesta en I+D+i, la calidad de los puestos de trabajo o el impacto en la cadena de valor.
Solicitud
Las solicitudes serán atendidas en menos de 30 días, y, en caso de ser calificadas favorablemente, su tramitación irá por el procedimiento de urgencia, lo que permitirá reducir los plazos al máximo legal posible. Dichas solicitudes podrán también presentarse en inglés para su tramitación con el fin de aminorar los plazos correspondientes.
Este organismo público impulsado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso también realizará el seguimiento del estado de tramitación de dichos proyectos ante los órganos competentes de las administraciones públicas para facilitar la coordinación entre las implicadas. Entre sus funciones, también está detectar barreras regulatorias y proponer propuestas encaminadas para su reducción o eliminación, cuando sea posible.
