Multas de hasta un millón de euros: Trabajo da un ultimátum a los autónomos y pymes
Todas las empresas con más de 49 empleados están obligadas a tener un buzón para denunciar irregularidades laborales y casos de corrupción
Quedan pocos meses para que las pymes pongan en marcha su buzón de denuncias. Foto Freepik
En febrero se promulgó una ley para la “protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción”, que no solo alcanza a la administración pública sino también a la empresa privada. Esa normativa tuvo una prórroga para los autónomos y las pymes que vencerá en pocos meses. Y el Ministerio de Trabajo ya está redoblando la vigilancia para que se cumpla.
La Ley 2/2023 busca evitar la represalias de las personas que denuncien infracciones que puedan derivar en casos de relevancia penal o administrativa, como son los de corrupción, así como los de acoso o de irregularidades laborales.
El buzón de denuncias
Para ello, estipula que las empresas, sindicatos, partidos políticos y organizaciones que reciban fondos públicos tendrán que contar con un Sistema Interno de Información, lo que en el ambiente se conoce como la existencia de un buzón de denuncias para comunicar cualquier irregularidad administrativa.
Hasta el 1 de diciembre las empresas de 50 a 250 empleados tienen tiempo de activar el buzón para denunciar irregularidades o casos de corrupción
Estas comunicaciones pueden ser dirigidas por vía postal, teléfono o correo electrónico, y el denunciante recibirá instrucciones sobre cómo dirigirse a las autoridades u organismos de control.
Incluso es posible realizar comunicaciones anónimas, a pesar del riesgo que entraña que sean denuncias falsas que buscan venganza u otros motivos.
Los plazos para las pymes
Tras la publicación de la ley en el BOE en febrero las administración, organismos y empresas, administraciones y organismos de más de 250 empleados tenían plazo hasta el 13 de junio para poner en marcha este mecanismo.
En cambio las empresas con menos personal y los municipios de hasta 10.000 habitantes tendrán tiempo hasta el 1 de diciembre de este año; lo que comprende a unas 20.000 pymes y negocios. Sin embargo quedan exentas las compañías que tienen 49 o menos empleados.
Las sanciones de la Inspección de Trabajo
Pero aquellas empresas u organizaciones que sean halladas culpables de infracciones se arriesgan a duras sanciones por parte de la Inspección de Trabajo, que en los casos de falta grave podría llegar a un millón de euros.
Si bien los trabajadores por cuenta propia que tengan menos de 49 empleados no están alcanzados por esta ley, sí puede realizar denuncias si han trabajado con alguna compañía en la que haya detectado alguna irregularidad.
Entre las posibles causas de denuncia están los fraudes con la administración pública, como es hacer horas extras sin remunerar o estar trabajando si haber sido dado de alta en la Seguridad Social, así como en casos de acoso laboral o sexual o si una persona está empleada como falso autónomo, precisa Luis San José de AGM Abogados a Autónomos y Emprendedores.
