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Pensiones: el que venga detrás que arree

El Gobierno pretende impulsar una nueva reforma del sistema público de pensiones. Ante las exigencias de Bruselas para buscar soluciones al aumento del gasto que supone el continuo envejecimiento de la población española, unido a las subidas en las pensiones vinculadas al IPC, el Ejecutivo de Sánchez ha optado, una vez más, por dar una patada hacia adelante: aumentar los ingresos del sistema sin tocar el gasto.  

Como parte de la reforma, el Gobierno ha propuesto a los agentes sociales un destope de las bases máximas de cotización a la Seguridad Social entre 2025 y 2050, acompañada de una revisión muy inferior de la cuantía de las pensiones máximas. Durante el período indicado, se propone que la base máxima de cotización aumente en términos reales (tras ajustarla por la inflación) a una tasa anual del 1,154%, mientras que la pensión máxima lo hará al 0,115%. Esto supondría en 2050 un incremento acumulado del 34,76% para la base máxima de cotización y del 3,03% para la pensión máxima, ambas medidas a precios constantes.  

Además, el Gobierno duplica el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) a todos los trabajadores, que actualmente se sitúa en 0,6 puntos (0,1 a cargo del trabajador y 0,5 a cargo del empresario), hasta el 1,2% y estará en vigor hasta 2050 en lugar de hasta 2031, como estaba previsto. Pero esto no es todo: el MEI aumentará automáticamente cada tres años, a medida que aumente el desequilibrio del sistema de pensiones. España, por lo tanto, va a camino de replicar la contribución social generalizada francesa – un eufemismo de impuesto extraordinario al trabajador.  

Finalmente, la propuesta del gobierno plantea una «cuota de solidaridad» – otro eufemismo de impuesto – a aquellos salarios superiores a 53.946 euros en 2023, la base máxima de cotización. Ésta será del 1% en 2025 e irá aumentando a un ritmo de 0,25 puntos por año hasta llegar al 6% en 2045. 

Según los cálculos recientes de Ángel De la Fuente para FEDEA, la nueva reforma tendrá un impacto recaudatorio modesto (menos de dos décimas de punto del PIB por año) y por lo tanto contribuirá de forma muy limitada a la sostenibilidad del sistema de pensiones. Sin embargo, el impacto para el trabajador – y la empresa – es notable. La reforma sitúa los tipos marginales de gravamen efectivo (sobre los costes salariales totales) muy por encima del 50% para salarios brutos de entre 45 y 70 mil euros. En otras palabras, España tendrá uno de los tipos marginales efectivos sobre el trabajo más altos del mundo, que podría llegar al 70% considerando IRPF, cotizaciones sociales y la nueva cuota de solidaridad. Esta medida penalizará la retención de trabajadores altamente cualificados que juegan un papel importante para el crecimiento de la productividad.  

En un sistema de pensiones contributivo como es el nuestro (aunque cada vez en menor medida), las cotizaciones sociales no deberían constituir un impuesto sino un componente diferido del salario que se percibirá tras la jubilación en forma de pensión. Esto, sin embargo, deja de ser el caso en el momento en el que un aumento de la base de cotización no se traduce en una mayor pensión por haberse alcanzado el tope máximo de esta última. Las cotizaciones sociales que se aplicarán a partir de un determinado umbral son, en la práctica, un impuesto puro y duro, una exacción monetaria sin contrapartida alguna.  

Es importante recordar que el Gobierno ha mentido reiteradamente sobre el futuro de las pensiones. Mintieron cuando dijeron que no hacía falta ajustes, mintieron cuando dijeron que el Mecanismo de Equidad Intergeneracional sería transitorio y mintieron cuando dijeron que lo pagarían únicamente los ricos. Aún más flagrante resulta recuperar las palabras de José Luis Escrivá en 2019, cuando aún presidía la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF): “Las cotizaciones sociales en España son relativamente altas. Seis puntos más que la media de la OCDE. Cualquier modificación del sistema no debería implicar un incremento de las cotizaciones”. Nadie mejor que el Escrivá técnico para desmentir al Escrivá político. https://www.airef.es/ 

El ministro José Luis Escrivá. EFE/ Javier Blasco
El ministro José Luis Escrivá. EFE/ Javier Blasco

Lo cierto es que, con cuarenta millardos al año de déficit del sistema, y creciendo, ni el 1,2% del MEI, ni el 6% de la cuota de solidaridad serán tampoco suficientes para cuadrar las cuentas. De hecho, el incremento del MEI aportará, asumiendo la inexistencia de efectos negativos en el empleo o en los salarios, una recaudación adicional del 0.2% del PIB a lo sumo (Devesa et al 2021) – completamente insuficiente para saldar el déficit del sistema de pensiones, que es de 3 puntos del PIB.  

La incómoda verdad a la que se enfrenta el Gobierno es que la Seguridad Social actual reconoce pensiones manifiestamente excesivas con arreglo a los recursos que se han aplicado para respaldarlas, porque estos recursos (las cotizaciones) se reparten en el momento de generarse y no se rentabilizan lo suficiente para generar recursos adicionales, lo que conlleva fuertes déficits a futuro.  

La Seguridad Social domina el sistema previsional español, lo que es una anomalía en el mundo occidental. La mayoría de los países del centro y norte de Europa cuentan con sistemas de capitalización que complementan la pensión pública con instrumentos de previsión empresarial y ahorro individual. Esto permite evitar que se hunda el poder adquisitivo de los jubilados sin comprometer la estabilidad futura de todo el sistema. 

Nuestro sistema de pensiones es hoy una gran fuente de desequilibrios intergeneracionales: una pirámide demográfica invertida, un denominador raquítico en el reparto del peso de las pensiones que hay que pagar − la población activa es escasa, con unas tasas de paro que lideran los rankings de la UE − y unos ajustes al alza en la pensión media que exceden los incrementos salariales de la población activa. Un fenómeno que tiene visos de Esquema Ponzi, de estafa piramidal. Pero la bolsa de votantes pensionistas y los cortos ciclos electorales son demasiado tentadores para abordar esta incómoda cuestión. Una vez más, todo el esfuerzo del ajuste volverá a recaer sobre los hombros de los trabajadores. Así que, una vez más… el que venga detrás que arree.