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No, no, no y no

¿Qué hacer –cuatro problemas de especial importancia en la España de hoy– con la inflación, el Salario Mínimo Interprofesional, las pensiones y el precio del alquiler de la vivienda?

En las líneas que siguen se critican –directa o indirectamente- las propuestas del gobierno sociopodemita al tiempo que se apuesta por una alternativa de aire liberal. En el bien entendido de que toda “solución” –hablamos de economía- es un arreglo coyuntural que debe adaptarse continuadamente a una realidad cambiante.

No a la subvención contra la inflación

El precio de las mercancías ha de bajar lo más rápidamente posible. Sin contemplaciones. Si no es así, los precios seguirán subiendo y la vida será cada día más cara. ¿Cómo frenar los precios? No existen soluciones mágicas. La mejor “solución” es subir los tipos de interés: a más interés bancario menos créditos e hipotecas y, por tanto, menos dinero circulando. Cosa que se traduce en la disminución de los precios en virtud de la ley de la oferta y la demanda.

Una solución –se decía antes- sin contemplaciones, porque cuanto más se tarde en tomarla, más subirán la inflación y los tipos de interés. ¿Que los ciudadanos –desaceleración económica, menos crecimiento, menos trabajo, más fijos discontinuos, menos financiación empresarial y unos créditos e hipotecas al alza impracticables para muchos- deberán apretarse el cinturón? Sí. ¿Alternativas? No aparecen, digan lo que digan las izquierdas. La inflación no se derrota con subvenciones.

Al respecto, cuidado con los Estados Unidos: si suben los tipos, el BCE se verá obligado a subirlos también para proteger el euro frente al dólar. Eso o la depreciación. Los inversores compran la moneda más rentable. Punto. Cuidado también –menos credibilidad, menos inversión extranjera, recortes- con la deuda de España.

¿Cómo pagar los intereses –30.000 millones anuales– de una deuda –1.503.799 millones– bimillonaria que supone el 116% del PIB? ¿Cómo es posible que los 60.000 millones de euros extras recaudados durante el binomio 2021-2022 gracias a la inflación, en lugar de servir para reducir la deuda, se utilicen para comprar votos ante las elecciones de 2023? En 2024 –la UE nos vigila-, los esfuerzos –fiscalidad, austeridad y estabilidad- para reducir la deuda –la deuda no es otra cosa que un impuesto aplazado- serán descomunales.

No a la subida del SMI

La subida por sistema del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) no contrarresta la inflación. Sí puede perjudicar a los desempleados y a trabajadores de salarios bajos. Lo conveniente sería una subida moderada y limitada para mejorar el nivel de vida de los más vulnerables. Lo contrario podría revitalizar la espiral inflacionista al aumentar la demanda. En términos coloquiales, la inflación se comería el aumento -¿incluso más?- del SMI. (Entre paréntesis: lo mismo podría ocurrir con un aumento desmesurado de los salarios).

No es una casualidad que España ya no esté entre las 15 primeras economías en lo que hace al PIB

Cuidado con una subida del SMI que conlleva el aumento de los costes empresariales laborales, cosa que se podría traducir en el cierre de algunas empresas, el descenso de la producción y la paralización de nuevos contratos, especialmente de los jóvenes sin cualificación.

¿Acaso es una casualidad que en España hayan descendido el número de autónomos? ¿Acaso es una casualidad que en España las horas trabajadas por semana hayan caído de las 36 horas a las 29 horas? ¿Acaso es una casualidad que España sea el último país de la Unión Europea en recuperar el PIB perdido con la pandemia? ¿Recuperar el PIB perdido es crecer? No es una casualidad que, según el último informe de la OCDE, España ya no esté entre las 15 primeras economías en lo que hace al PIB. Tampoco es una casualidad que la renta disponible del ciudadano haya bajado un 9,5% y que el esfuerzo fiscal ciudadano sea un 52% superior a la media europea.

No a la revalorización de las pensiones

Subir las pensiones equivale a aumentar la deuda del Estado con lo que ello implica. ¿Cómo asumir un aumento de las pensiones del 8,5%? ¿Cómo asumir los 21 mil millones de euros anuales que ello implicaría? ¿Cómo enjuagaría el Estado dicho incremento de la deuda? Se dirá que los pensionistas bien se merecen dicho incremento. La cuestión es otra: ¿el Estado puede asumir el gasto? Asumir, puede. Pero, ¿a qué precio? La reducción –el recorte: así se reduce la deuda- de los servicios públicos de todos los ciudadanos y el aumento generalizado de impuestos. Más: de confirmarse la desaceleración de la economía, ¿cómo, cuánto y durante qué tiempo podría pagar el Estado los subsidios de desempleo?

Si tenemos en cuenta que los pensionistas españoles son unos privilegiados –cobran el 80% del último sueldo mientras que la media europea apenas llega al 60%-, lo más razonable y solidario sería desindexar la pensión del IPC. Evidente: las pensiones más bajas se deberían aumentar en mayor cuantía. También resulta evidente que los futuros jubilados que aspiren a obtener una mejor pensión, deberían cotizar más –también, más años- durante su vida laboral. Una cuestión por averiguar o resolver, si procede: ¿el IPC de un pensionista es el mismo que el de un trabajador?

No a la congelación de los alquileres

La congelación del alquiler es la peor alternativa posible para facilitar el acceso a la vivienda: los dueños de la propiedad retirarán del mercado de alquiler sus casas y pisos, porque alquilar –además de la inseguridad jurídica- no resulta rentable. Cosa que se traducirá –oferta y demanda- en un aumento de los precios -¿una invitación a pagar en negro parte del alquiler?- del mercado de la vivienda. Aumento agravado por un Euríbor al alza. No cabe descartar que los arrendadores vendan la propiedad. O lo que es lo mismo: aumentarán los precios del alquiler por la ley de la oferta y la demanda.

Fuera demagogia: los llamados fondos buitre no llegan al 10 % del mercado de alquiler

¿Solución? Más vivienda social en el mercado para así reducir el precio del alquiler. Si es cierto que el Estado no es una empresa constructora, no es menos cierto que el Estado, las Autonomías, las Diputaciones y los Municipios podrían colaborar en la construcción de vivienda social. El problema: el dinero destinado a vivienda iría en detrimentos del presupuesto de sanidad, educación, etc.

Que nadie se escandalice, pero los denominados fondos buitre –de hecho, unos inversores- juegan un papel fundamental en el aumento del parque de vivienda de alquiler. ¿Que algunos arrendatarios o tenedores especulan con la vivienda? Si la especulación es legal, ¿qué problema hay? ¿O es que no se especula también con el aceite y otras mercancías de acuerdo con la oferta y la demanda?

Fuera demagogia: los llamados fondos buitre no llegan al 10% del mercado de alquiler. Tampoco, la Banca y la Sareb. La mayoría del mercado del alquiler está en manos de miles de ciudadanos anónimos que, o bien han heredado, o bien han invertido para obtener un plus de ingresos. Ciudadanos que pagan religiosamente sus ingresos. ¿Qué más quieren que hagan?

De la economía a la filosofía

Me tomo la libertad de pasar de la economía a la filosofía –a fin de cuentas Adam Smith era un filósofo que hablaba de economía: lean ‘La teoría de los sentimientos morales’- y concluir con una de las ideas de la Ética de Spinoza: no se dejen arrastrar por las pasiones políticas y apuesten por la sabiduría deductiva.