Los accionistas de Ferrovial no fuman puros ni son antipatriotas
La primera función de un gobierno es no molestar. El exceso de regulación frena la actividad y disuade a las empresas de invertir. ¡En España en 2021 se publicaron 662 páginas diarias de boletines oficiales del Estado, Comunidades Autónomas, Provinciales, Cabildos, Consells y Ayuntamientos! No hay forma humana de hacer que una empresa cumpla y aplique toda la verborrea legal y administrativa que vomitan nuestras administraciones.
La sobrerregulación no solo ahuyenta a la inversión, sino que incrementa los costes de las empresas que cada vez deben invertir más en equipos legales, en gestión administrativa, en responder a inspecciones y en implantar planes de igualdad, canales de denuncia, realizar auditorias de sostenibilidad, ambientales y financieras, contar con planes de seguridad laboral, aplicar las recomendaciones de las ODS, y un infinito etcétera. A todo esto se añade una creciente carga fiscal, un incremento de costes laborales por decreto y el descabello llega con la criminalización de aquellos que generan riqueza para pagar impuestos y mantener una orgía de gasto público creciente.
La economía y la administración holandesa crean un marco regulatorio para los negocios más competitivo y más competente
Los países de la Unión Europea son socios, pero a la vez competidores. Irlanda o Países Bajos adoptan políticas de inversión y fiscales que tienen como resultado el crecimiento de su economía y, por lo tanto, la mejora de las condiciones de bienestar de sus ciudadanos. Otros países, como Francia, viven anquilosados en una maquinaria pública gigantesca y enredados en una tela de araña social que se resiste a reforma alguna y que llevan al hexágono a una crisis perene que ya se acerca a las dos décadas. Italia ha aprobado un presupuesto business friendly y España vive un peligroso proceso de peronización social y política.
Guido Tabellini, premio Fronteras del conocimiento de la fundación BBVA considera que “con partidos extremistas es más peligroso un gobierno de coalición”. La plasmación práctica de su advertencia es el portazo de Ferrovial. Deberíamos preguntarnos ¿Quién es el radical? ¿Solo Yolanda Díaz y Podemos o Pedro Sánchez y Nadia Calviño son, en realidad, el huevo de la serpiente de la radicalidad?
La decisión de Ferrovial no es de índole fiscal, el impuesto de sociedades y el tipo medio de IPRF en Países Bajos está por encima del de España. Ahora bien, un país con 30 millones menos de habitantes que España tiene el 72% del PIB español, un PIB per capita que casi nos dobla, un crecimiento en lo que va de siglo 4,4% superior al nuestro y 12 empresas entre las 500 del mundo por 9 España. En definitiva, la economía y la administración holandesa crean un marco regulatorio para los negocios más competitivo y más competente.
Enfrentar a lo que él llama a los señores del puro con el resto de la sociedad
Ferrovial ha llevado el nombre de España por el mundo, desde 2006, por ejemplo, gestiona el aeropuerto principal de Londres, Heathrow, donde lleva invertidos 12.000 millones de euros. En España Ferrovial no podría realizar semejante inversión, las administraciones gobernadas por lo que Tabellini considera “partidos peligrosos” han frenado la ampliación del aeropuerto de Barcelona.
España cuenta con empresas de infraestructuras líderes a nivel mundial: Ferrovial, ACS, FCC, que está construyendo en Reino Unido una autopista que pasa por debajo del sitio megalítico de Stonehenge, etc. Philips, la empresa más grande en número de trabajadores de Países Bajos, no se plantea, ni por asomo, trasladarse a España. La agencia del medicamento en 2017 al optar por Ámsterdam y descartar Barcelona por la inestabilidad política ya nos indicó que España no era competitiva frente a otros lugares de Europa que ofrecen no menos impuestos, pero sí un marco regulatorio más estable, más certidumbre y, por lo tanto, un contexto inversor más favorable.
Sánchez cree que vive en la época de Germinal de Zola y que puede sacar beneficio electoral de enfrentar a lo que él llama a los señores del puro con el resto de la sociedad, pero olvida a pesar de su doctorado en economía, obtenido en circunstancias dudosas, que hay 541 millones de acciones de Ferrovial en manos de centenares de miles de pequeños inversores que recibieron en la última liquidación una retribución del 3% sobre el valor de la acción.
Esos tenedores de esos millones de acciones no son señores del puro y la inmensa mayoría de ellos, pensando en sus ahorros, comprenden y apoyan la decisión de Ferrovial y creen, contrariamente a lo que afirma Ione Belarra, que lo antipatriótico es gobernar de tal forma que las empresas y las personas para progresar tienen que irse allende de nuestras fronteras.