¿Ayudas públicas para rentas altas?
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera anunciaba hace unas semanas que cambiará la regulación del bono social térmico para calefacción y agua caliente, para introducir criterios de renta para las familias numerosas. El anuncio llegaba después de la polvareda mediática que levantó la noticia de que la familia del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, había recibido la ayuda.
Lo cierto es que el Gobierno no ha tenido esta misma preocupación o miramiento con muchas de las ayudas que ha diseñado en los últimos meses para hacer frente a los efectos económicos de la invasión de Ucrania y que ha concedido de forma universal. Algunas de estas medidas incluyen la gratuidad de los trenes de Cercanías y Media Distancia, que se ha prorrogado este año; el polémico bono cultural para los jóvenes o la rebaja del IVA de los alimentos. Tampoco discrimina por renta la ayuda de veinte céntimos por litro para los carburantes, que se mantuvo hasta finales del pasado año de forma generalizada a pesar de que diversos informes técnicos demostraron con posterioridad que los más beneficiados habían sido aquellos que más ganan, al desplazarse con mayor frecuencia con su vehículo particular.
En todos estos casos, el Gobierno no tuvo en consideración si los fondos públicos iban a parar a manos de las familias más pudientes. De hecho, hizo caso omiso a las críticas que se vertieron contra esas políticas por parte de las autoridades independientes, precisamente por su carácter poco progresivo. El Banco de España, por ejemplo, aseguró en mayo de 2022 que las medidas de apoyo a hogares y empresas debían estar dirigidas “a los agentes que verdaderamente las necesitan”. Además, avanzó que, en el caso de los veinte céntimos de los carburantes, tendría un carácter regresivo. En otro análisis el regulador financiero advertía que tan solo entre un 15 y un 20% de los fondos públicos destinados entre 2021 y 2025 a hacer frente a la crisis energética y la inflación iban dirigidas a los hogares más vulnerables.
El Gobierno no tuvo en consideración si los fondos públicos iban a parar a manos de las familias más pudientes
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) también se ha posicionado en contra de la escasa focalización de las ayudas públicas. En su informe sobre los Presupuestos Generales del Estado de 2023, el organismo destacó que, aunque las iniciativas pensadas para abaratar la factura eléctrica se reparten de forma homogénea por nivel de renta, las que actúan sobre el gas, el combustible o el transporte público “recaen en hogares con mayor renta”.
Desde la Comisión Europea también han criticado la orientación del Ejecutivo de Sánchez con las ayudas como la subvención generalizada a los carburantes. En Francia, para sortear esta limitación, el Estado entregó cheques a las familias más vulnerables equivalentes al valor del descuento aplicable a un mes de consumo.
Según los datos de la OCDE, para el bono social eléctrico, hay 310 millones anuales disponibles, pero sólo una de cada tres personas con derecho lo ha pedido y a los más vulnerables sólo les han llegado 200.000 euros. Según otro informe reciente de EsadeEcPol, solo uno de cada tres hogares con familia numerosa del 20% que menos gana en nuestro país ha recibido algún bono energético, pero para la clase media y media-alta esta proporción se dispara a más de la mitad. Los más ricos no sólo tienen más dinero, también más información. Los colectivos con mayor riesgo quedan fuera del sistema por falta de información, falta de acceso a las ayudas online, dificultades burocráticas, etc.
Lo cierto es que la mayor parte de las ayudas públicas en España van dirigidas a quienes menos las necesitan. Nuestro país es el cuarto más regresivo de la OCDE. El 20% de los hogares más pobres solo recibe el 12% del total de las transferencias del Estado, mientras que el 20% más rico acapara más del 30%, casi el triple. Solo Italia, Grecia y Luxemburgo adolecen de más inequidad en sus políticas de rentas.
La mayor parte de las ayudas públicas en España van dirigidas a quienes menos las necesitan
Ayudar selectivamente a aquellos grupos de población que de verdad lo necesitan cuesta menos dinero que una ayuda generalizada como el bono social. Además, una ayuda focalizada, al repartir menos dinero, es menos inflacionista que una ayuda generalizada, algo a considerar en la coyuntura económica actual. Sin embargo, para poder diseñar ayudas focalizadas y ejecutar los programas sociales de forma efectiva, es imprescindible conocer el nivel de renta de los potenciales perceptores y estos deben estar censados, es decir, deben hacer la declaración de la renta.
La reciente reforma del IRPF de 2022, activada en 2023, consolidó dos tarifas diferentes para declarantes y no declarantes: varios millones de contribuyentes soportan unas retenciones inferiores a la tarifa del IRPF y no tienen obligación de declarar. Esto, pese a ser en general una ventaja para estos contribuyentes, genera distorsiones e impide la universalización de la declaración.
Una forma de solventar esta problemática sería reducir la diferencia entre la retención en los ingresos por defecto y el tipo que se derivaría de presentar declaración, introduciendo una deducción que sea equivalente a la diferencia de esa retención en los ingresos y la cuota que correspondería a cada declarante. Además, con la universalización de la declaración del IRPF sería factible articular una política de rentas más eficiente y menos costosa en términos administrativos, tanto en el caso de ayudas puntuales como en el caso de políticas estructurales como el ingreso mínimo vital o impuestos negativos sobre la renta. Se incentiva al ciudadano a declarar, pero sin cargar de manera adicional ni tocar excesivamente los impuestos asumidos por la población más vulnerable.
Existen hoy en España múltiples ayudas públicas concedidas independientemente del nivel de renta y que benefician a los más ricos, que de forma legal acceden a ellas. Nuestros dirigentes públicos deberían revisar el grado de focalización e incidencia distributiva del conjunto de transferencias y deducciones para mejorar la eficiencia y eficacia del gasto público.